En el marco de la eliminación definida por decreto de la Administración General de Puertos (AGP) y de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, cuyas funciones fueron absorbidas por un nuevo organismo llamado Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), desde el Sindicato de Dragado y Balizamiento se pidió proteger la continuidad de las funciones estatales en áreas clave como las del comercio exterior y se planteó la defensa de los puestos de trabajo.
Esta reorganización de entidades estatales definida por el Gobierno de Javier Milei, oficializada por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 3/25, ya se tradujo en una resolución de las últimas horas del Ministerio de Economía que estableció el “pase a régimen de disponibilidad”, con un máximo de 12 meses, de 150 empleados del área que hasta el día de la fecha eran de planta permanente. La ofensiva contra el sector portuario y marítimo se complemente con la entrega de la Hidrovía a la gestión privada, las amenazas de privatización de la Escuela Nacional de Pesca y otras medidas cuestionadas.
En ese contexto, el Sindicato de Dragado y Balizamiento que conduce Juan Carlos Schmid (también secretario General de la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina FEMPINRA), le envió una carta documento al secretario de Puertos y Vías Navegables Iñaki Miguel Arreseygor planteando la necesidad de defender los puestos de trabajo en el área de responsabilidad de la nueva ANPYN.
Allí se reclama a la administración libertaria que “tenga en cuenta la preservación de las fuentes de trabajo” del personal de la Subsecretaría, ya que “la tarea que realizan los trabajadores representados por esta organización sindical resulta de vital importancia para el manejo del área y eso implica justamente que el Estado Nacional cumpla con sus múltiples funciones, entre ellas cuestiones esenciales para nuestro comercio exterior”.
En el mismo sentido, se destaca que se trata de “personal capacitado e idóneo para que la Agencia tenga la posibilidad de cumplir con lo dispuesto en el art. 5 del DNU 3/25”, por lo que se requiere que se garantice su continuidad laboral, remarcando también que “la preservación y custodia del material flotante y demás bienes de la Subsecretaría son responsabilidad de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación”.
Finalmente, la documentación presentada al gobierno de Milei, enfatiza que la no preservación de estos bienes y de los puestos de trabajo del personal capacitado podría implicar “un grave riesgo ambiental que tendrá sus consecuencias sobre las vías navegables de nuestro país”.
