Mientras la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Rodolfo Aguiar se encuentra definiendo “medidas de fuerza para que se dejen sin efecto los despidos y evitar de esta manera perjuicios que serán irreparables de forma posterior”, frente a los más de 1400 despidos anunciados por el Ministerio de Salud y arengados por el Presidente Milei; la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato que conduce, el también Secretario Adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, acordó “abrir mesas de diálogo”, tras las casi tres horas que duró el encuentro de ayer con las autoridades de la cartera que comanda Mario
Lugones.
De hecho, desde UPCN explicitaron haberse sorprendido por estos anuncios de recortes de servicios y presupuestos, con la expulsión de profesionales de salud en una decena de hospitales y otros centros de atención, en la incomprensión de la vía de comunicación elegida por la administración libertaria, para dar a conocer la decisión de no renovar contratos, ya que según afirmaron “es una gestión con la que hay diálogo”.
Por su parte ATE, remarcó la necesidad de enfrentar con acciones directas, debido al “peligro de cierre que conllevan estos despidos”, informando en detalle el ejemplo del Hospital Bonaparte “donde cesantearon a 190 trabajadores, de los cuales 113 son profesionales y 77 administrativos, lo que deriva en el cierre de los servicios de continuidad de guardia, internación, Hospital de Día, además de dejar inoperativo el servicio de odontología pediátrica”.
Paralelamente, UPCN reconoce que “no se opone a reordenar la restructuración en el funcionamiento de los organismos” del Estado, pero entienden que aquí hubo “una extralimitación que se puede revisar”, ya que, según dicen, “no hay criterios objetivos ni lógicos” para los telegramas que se están enviando.
Como contraparte, la conducción que encabeza Aguiar, también denunció el corte en la provisión de vacunas y otros servicios de tratamientos que debe brindar el Estado, debido al “desmantelamiento de políticas públicas, que elimina los programas de prevención y control de tuberculosis, VIH y diabetes, adicciones y otras patologías”.
“Por lo cual los usuarios del sistema” –confirman desde ATE- “y los pacientes con enfermedades crónicas, dejan de tener la medicación correspondiente, afectando el derecho a la salud enmarcado en el art. 42 de la Constitución Nacional y los Derechos del Paciente amparados en la Ley N° 26.529”.
“También se pone en riesgo”, afirman, “el sostenimiento de las investigaciones que llevan adelante los trabajadores de la salud”. Y destacan “el desarme de la Dirección de Vectores donde se realizan los estudios epidemiológicos del dengue, vital para implementar medidas que impidan nuevos brotes”.
