La justicia frena despidos y achiques y obliga al Gobierno de Milei a “valorizar” al Estado

En los últimos días fallos de judiciales lograron frenar recortes de personal, cierres de organismos estatales y despidos definidos por distintas carteras del Gobierno nacional de Javier Milei, obligados a garantizar la continuidad de las dependencias atacadas por el oficialismo. Esta dinámica se reprodujo tanto en lo que hace al área de Derechos Humanos, con un fallo protegiendo el funcionamiento de los centros de la memoria, como en el caso de la aprobación de la cautelar presentada por los gremios del sector para frenar los despidos en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Después de numerosos reclamos de gremios del sector, especialmente de la Asociación de Trabajadores del Estado, por el cierre temporario, la reconversión y la amenaza de despidos en los espacios de memoria y el Centro Cultural Haroldo Conti, la Justicia finalmente garantizó el funcionamiento de cuatro excentros clandestinos de detención de la última dictadura que funcionaban como Espacios de la memoria.

Gremios y organizaciones movilizan en defensa de la Secretaría de Derechos Humanos y del Centro Cultural Conti

Un fallo del el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de Ariel Lijo, dio lugar a una iniciativa de la legisladora porteña Victoria Montenegro para garantizar los puestos de trabajo y la operatividad de los centros de la memoria en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos, entendiendo que las decisiones de la Secretaría de Derechos Humanos (dependiente del Ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona) no se atenían a la Ley N° 26691 de Sitios de Memoria que establece “la preservación de todos los Sitios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país”.

Por otro lado, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le otorgó una cautelar a los gremios que representan a los trabajadores de la ex AFIP y la Aduana (AEFIP y Supara), prohibiendo al Gobierno ejecutar despidos que vulneren la estabilidad laboral y cambios en las relaciones laborales de los trabajadores del organismo. El fallo del juez Gabriel de Vedia enfatiza la necesidad de garantizar la estabilidad laboral, detallando que “la función de la medida precautoria de no innovar es evitar un daño posible y previsible luego de las acciones iniciadas por el PEN para descalificar a gran parte de los trabajadores que se desempeñan para ARCA”.