El Gobierno nacional de Javier Milei apuesta a aprovechar la coyuntura económica favorable para avanzar con algunas transformaciones más de fondo en el mercado laboral, impulsando una reforma de la Ley de Contrato de Trabajo (definida como proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo) para flexibilizar aún más las licencias o vacaciones de los trabajadores, reducir los aportes patronales y permitir el pago hasta en 12 cuotas de las sentencias judiciales contra las empresas. Estos aspectos se sumarían a los ya aprobados en el marco de la Ley Bases, como el del Fondo de Cese Laboral.
La iniciativa, que retoma muchos de los puntos del suspendido capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70, ya fue presentada en Diputados por la diputada de La Libertad Avanza Romina Diez, coautora del proyecto con otros 14 legisladores de su bloque. Y en las próximas semanas el oficialismo prevé avanzar en discusiones con organizaciones empresariales y sindicales para ir conformando el consenso necesario para su aprobación durante el primer semestre del año.
Gobierno convoca a CGT y empresarios a seguir debatiendo la reforma laboral
En cuanto a la Ley de Contrato de Trabajo se plantea una “actualización” de capítulos que se consideran como obsoletos para el nuevo mercado laboral. Entre los puntos a modificar, se habilita a que los empleados se tomen las vacaciones de manera fraccionada, con un mínimo de 7 días; se establece que los créditos laborales devengarán un interés equivalente al IPC más un 3%; se determina que en caso de condenas judiciales las Micro, Pequeñas y Medianas empresas podrán acogerse al pago hasta en un máximo de 12 cuotas mensuales consecutivas y se propone establecer un plazo de 30 días para que los empleados impugnen las sanciones impuestas por la patronal (luego de lo que se considerarán consentidas).
También se plantea la posibilidad de homologar el cambio de condiciones de trabajo bajo control de la autoridad administrativa del trabajo correspondiente (Ministerio o Secretaría, según la jurisdicción); se modifican los criterios para el pago de los salarios en caso de baja por “enfermedades inculpables” y se suman algunos beneficios a los enumerados en el art. 103 bis (sumando gimnasio, cuota de clubes, celulares o acceso a internet), entre otros cambios.
También se plantea un incentivo para que las empresas absorban trabajadores estatales mediante una serie de beneficios especiales (con lo que ratifica la línea de reducción de empleados de la administración nacional, así como también de provincias y municipios, que pueden adherir a la iniciativa), especialmente por medio de una serie de bonos de crédito fiscal sobre las contribuciones patronales. En el mismo sentido, se establecen algunos beneficios menores para la incorporación de nuevos trabajadores no provenientes de la esfera estatal y se retoma el “empalme” para sumar a beneficiarios de planes y programas de empleo y asistencia social.
Además se crea el llamado Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que reduciría las retenciones a las exportaciones de PyMEs industriales y otorgaría nuevos beneficios para el agro (para este sector también se modifica el régimen de prenda, permitiendo la adquisición de maquinaria con la garantía de granos o ganado).
El objetivo oficial es aprobar este nuevo paquete de reformas durante el primer semestre de este año, afirmando que contribuirá a “facilitar e impulsar el crecimiento de las empresas (especialmente las pymes), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”. La iniciativa ya contaría con el acuerdo del PRO y podría sumarse la UCR, que también pretende impulsar el debatido proyecto de reforma sindical que impulsa el diputado Martín Tetaz.
