Un reciente estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) sobre la evolución del empleo asalariado informal y la pobreza laboral confirmó que durante el tercer trimestre del año pasado la tasa de trabajo no registrado en nuestro país alcanzó al 36,7%, ubicándose en el quinto lugar a nivel regional.
El informe del IIEP, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en articulación con el CONICET, destacó también que este nivel de informalidad viene en aumento, superando la cifra de 35,6% del primer trimestre y la de 36,3% del segundo. En comparación con el mismo período del año previo, se registró un incremento de aproximadamente un 1%.
En la Argentina de Milei se destruye el empleo y se profundiza la informalidad laboral
La cifra de informalidad tiene un claro sesgo por género, con un 34,2% en el caso de los hombres y un aumento hasta el 38,9% en el de las mujeres (aproximadamente 5% más). También se aprecian estratificaciones por edad, ya que entre los jóvenes y adultos mayores la incidencia es mucho mayor. Así, mientras para trabajadores de entre 45 y 65 la tasa de informalidad es de 27,5%, para los jóvenes de entre 25 y 44 se ubica en el 34,4% y en mayores de 65 años alcanza el 47,9%. El nivel educativo es otra variable relevante, ya que entre quienes no terminaron el secundario, la informalidad alcanza al 56,4%, entre quienes tienen el secundario completo y estudios universitarios incompletos llega a 35,8% y registra apenas un 15% para personas con nivel universitario completo.
En un desglose por regiones, las cifras más altas se ubican en el noroeste, con una informalidad promedio de 43,3%, seguido por Cuyo (42,3%), nordeste (40,4%), región Pampeana (35%) y Gran Buenos Aires (20,1%). En cuanto a las ramas de actividad, la que ocupa el primer lugar es el Servicio doméstico (76,3%), seguido por Construcción (67,3%), Comercio (47,3%), Otros (42,5%), Transporte y comunicaciones (35,5%), Industria (31,4%), Servicios personales (25,5%), Servicios financieros (24,1%) y Sector público (9,1%, la única con menos de dos dígitos). En un análisis regional, nuestro país ocupa el quinto lugar, precedida por Paraguay (53,6%), Perú (51,8%), Ecuador (44,7%) y México (37,2%).
Cómo es evidente, la informalidad laboral viene acompañada por mayores niveles de precariedad y de inseguridad laboral. Así el mercado de trabajo nacional se vuelve más permeable a la multiplicación de casos como el registrado en los últimos días en la localidad de Ensenada, donde el ex marino Facundo Mariano Pérez fue acusado por someter a menores de edad (adolescentes en situación de vulnerabilidad) a trabajos forzados en su red de verdulerías de la zona, pagando entre 5 y 8 mil pesos semanales por extensas jornadas laborales. La causa, que además incluye amenazas e intimidación con armas de fuego, está en manos del fiscal Juan Mennucci, con tareas encargadas a la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas de la Policía Bonaerense.
Otro caso dramático que sirve de muestra de la gravísima situación de desprotección laboral actual es el del vigilador privado Alberto Carlos Garro, que falleció después de cumplir guardia en una garita del barrio privado mendocino El Prado, en la localidad Rodeo de la Cruz, Guaymallén, durante 78 horas ininterrumpidas, tras haber sido obligado a continuar en su cargo sin que le enviaran relevo durante más de tres días. Los familiares del trabajador, que fue encontrado muerto en su puesto de trabajo, denuncian que ni la empresa de seguridad para la que trabajaba ni los dueños del barrio vigilado se hacen cargo de los hechos.
