A partir de este lunes 4 de diciembre entrará en vigor el nuevo sistema de derivación directa de los aportes al sistema de prepagas, sin pasar por una obra social, según lo establecido por la resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud. Según funcionarios del Gobierno de Javier milei, esta eliminación la triangulación apunta a mejorar la eficiencia del sistema y reducir costos para los trabajadores. Pero lo cierto es que la decisión genera una fuerte resistencia entre los sindicatos, que consideran que este cambio profundiza el desfinanciamiento de las obras sociales y plantea una situación de mayor riesgo para sus afiliados.
La principal novedad de esta resolución es que, a partir de ahora, los aportes de los trabajadores en relación de dependencia deberán ser enviados directamente a las empresas de medicina prepaga o a las obras sociales escogidas, sin la intervención de intermediarios. Según la normativa, los afiliados tendrán la opción de elegir si desean que sus aportes vayan a su prestadora actual o a otra, en un proceso que se gestionará a través de la plataforma ARCA (ex AFIP). La eliminación de los costos de intermediación, que representan entre un 3% y un 7% del valor del servicio, deberían reducir las cuotas de los planes de salud o atenuar los futuros aumentos, pero esto se ve como improbable en un marco de tarifas completamente desreguladas.
Además, el impacto real de esta medida será, en el mejor de los casos, progresivo. Aunque la resolución establece que las empresas de medicina prepaga deberán estar registradas en el nuevo sistema antes del 1° de diciembre, la implementación de este cambio podría demorarse. Hoy las grandes empresas ya están inscriptas y los afiliados pueden comenzar a ejercer su opción de derivación, pero los trabajadores que no realicen el trámite, o no opten por una nueva prestadora, seguirán recibiendo la cobertura como hasta el momento.
A pesar de los beneficios aparentes, los sindicatos y algunos sectores de la sociedad expresan su preocupación por las posibles consecuencias de esta medida. En primer lugar, existe el temor de que la eliminación de la triangulación no se traduzca en una disminución real de los costos. Las prepagas, aunque liberadas del costo de intermediación, podrían no transferir esa reducción a los afiliados, sino utilizarla para aumentar sus márgenes de ganancia. Además, hay inquietudes sobre el impacto de la nueva obligación para los trabajadores, que deben realizar el trámite de manera obligatoria, un proceso siempre engorroso.
Finalmente, la resolución también implica una reestructuración en la asignación de los fondos destinados al sistema de salud. A partir de ahora, el 15% de los aportes se destinará al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), mientras que el resto irá directamente a las empresas prestadoras elegidas por los afiliados. Esto podría generar un cambio significativo en el flujo de dinero dentro del sistema de salud, pero la duda persiste sobre cómo se gestionará este cambio en la práctica, especialmente en un contexto económico tan incierto como el actual.
