Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno de Javier Milei buscaría avanzar con la eliminación de la actual ley del peón rural, a pedido de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en una apuesta a aumentar los niveles de precarización y desprotección del sector, bajo el eufemismo de una presunta “modernización del Régimen de Trabajo Agrario”.
El estatuto del peón rural, aprobado en 1944 por el entonces coronel Juan Domingo Perón en su rol de secretario de Trabajo y Previsión, fue la primera regulación laboral para los trabajadores rurales, que establecía igualdad de derechos tan básicos como la jornada de ocho horas, el salario mínimo, el descanso dominical o las vacaciones para uno de los sectores más explotados de la sociedad de entonces. La iniciativa fue derogada por la dictadura cívico-militar en 1980 y reinstaurado en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (como ley n.º 26 727).
Aunque con la aprobación de la Ley Bases se eliminaron muchos derechos básicos para los trabajadores (instalando un período de prueba extendido, la posibilidad de que un “fondo de cese laboral” reemplace a las indemnizaciones por despido y la derogación de las multas por no registración laboral), que ya impactaron muy negativamente en el sector rural, históricamente tendiente al trabajo precario y no registrado, como se denunció reiteradamente deasde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
“El detalle sustancial que no puede obviarse es que el sector concentra la mayor cantidad de trabajadores bajo condiciones de informalidad, prácticamente sin controles desde que se eliminó el Renatea, también por un fallo de la Corte Suprema de Justicia”, explicó el abogado laboralista Luis Palmeiro, representante de la Federación de Trabajadores de la Economía Social.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en el primer semestre de este año se registraron 1.246.000 de trabajadores rurales, de los cuales sólo estaba registrado un 62% (es decir que había más de 481.000 trabajadores en la informalidad), aunque muchos figuraban con figuras que también tienden a la precarización laboral, como la del monotributismo.
Hoy el plan de “modernización del Régimen de Trabajo Agrario” impulsado por la SRA se apoyaría en los artículos del capítulo laboral del cuestionado DNU 70 cuya vigencia se suspendió gracias a los amparos presentados por las centrales sindicales, para relajar aún más el control y las penalidades por trabajo no registrado, así como también el cálculo a las indemnizaciones en caso de despido de estos mismos peones, que pueden haber prestado servicios durante años en la informalidad total. Otro de los puntos que las patronales rurales buscan desarticular tiene que ver con los controles a mecanismos como las contrataciones “tercerizadas”, una maniobra tradicional para no reconocer responsabilidades respecto de las condiciones laborales en los campos.
