Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) planteó un alerta del sector por la posibilidad de que la política oficial de facilitar las importaciones de productos genera una “ola importadora” que termine perjudicando a la industria nacional y exigió “igualdad de condiciones, no privilegios”.
Las críticas de la UIA, que ya venía planteando alertas desde meses atrás, se radicalizaron después de que la Secretaría de Comercio anunciara la eliminación de aranceles para bienes personales de hasta 400 dólares y elevara el límite de importaciones vía courier de 1.000 a 3.000 dólares por envío. El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que estas medidas apuntan a “ampliar la oferta y permitir el acceso a precios más competitivos”.
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Funes de Rioja consideró al respecto que “si hay una apertura indiscriminada, señalaremos las medidas que afecten al proceso productivo”, remarcando que la UIA busca un terreno de competitividad en el que las importaciones no acaben perjudicando a la industria nacional, copando el mercado local con productos más baratos. Para garantizar esa “igualdad de condiciones”, el referente industrialista insistió con la necesidad de bajar impuestos: “La presión tributaria sobre la economía formal es exacerbada. Nadie teme competir, pero necesitamos una cancha equilibrada”. “No queremos que los productos nacionales sigan encareciéndose un 50% por tributos desde que salen de la fábrica hasta el mostrador”, enfatizó. También planteó la necesidad de avanzar con la reforma laboral, considerando que la legislación laboral local, pese a los avances producidos con las recientes reformas impulsadas por el oficialismo, sigue siendo “obsoleta”.
Una cuestión de fondo que atraviesa las críticas de la UIA tiene que ver con que por el momento las únicas ganadoras del modelo que impulsa el Gobierno de Javier Milei parecen ser las grandes empresas líderes del Merval, sobre todo bancos, financieras y empresas de energía, con acceso al mercado internacional de capitales. Este grupo de empresas (Banco Supervielle, Grupo Financiero Galicia, Macro, Sociedad Comercial Del Plata, BBVA, Transportadora Gas del Norte, Transener, YPF, Edenor, Transportadora Gas del Sur, Banco de Valores, Cablevisión Holding, Telecom y otras) ya duplicaron su valor desde la asunción del nuevo Gobierno. Mientras que el sector PyME atraviesa una profunda crisis, con más de 10 mil cierres y más de la mitad de las empresas con problemas para pagar los salarios.
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El empresariado también mostró preocupación por el posible impacto negativo de la medida en cuanto a la pérdida de empleos, que desde agosto de 2023 acumula una caída de 33.617 asalariados formales (-2,8%), especialmente en sectores como Metalmecánica (-8.927), Confección (-8.492), Madera y papel (-3.518), Automotores y neumáticos (-2.091), Química y petroquímica (-1.854), y Otras manufacturas (-9.552).
El dirigente concluyó planteando cuestionamientos al panorama de recuperación con el que insiste el oficialismo: “La macroeconomía muestra signos de estabilización, pero necesitamos que la reactivación llegue a la micro, donde la industria y las pymes todavía no sienten la mejora”.
