La Obra Social del Personal Mosaísta (OSPM), consiguió un fallo a favor de la Cámara del Trabajo, que cuestionó el procedimiento de intervención realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) donde entienden que hay “indicios de ilegitimidad”, ya que no se cumplió con “el procedimiento sumarial previo a la aplicación de la sanción», ni se garantizó «el derecho de defensa», ya que según esta resolución del fuero laboral, la intervención sólo se basó en «una auditoría integral», sin contemplar instancias sancionatorias previas.
La SSS, que seguramente buscará llevar el caso a otra instancia de pleito judicial, fundamentó su accionar en el hecho de haber detectado “irregularidades” relacionadas a las prestaciones por discapacidad, en cuanto a la “documentación exigida”. Y omisiones que alega cometió la OSPM referidas a seguimientos o auditorías sobre estos servicios, adeudando la presentación de papeles” que avalen estos movimientos. Aunque históricamente se reconoce de manera extraoficial, que estas faltas usualmente no se castigan con una intervención.
En paralelo a la compulsa judicial, se abre también una incógnita desde el campo sindical, sobre el respaldo que conseguirá en su accionar, el organismo de Salud, oficializado ya su manejo en la figura de Mario Lugones, de dilatada trayectoria en estas áreas y de muy buena llegada a los principales referentes de las coberturas de salud tanto de las empresas de medicina privada, y sus prestadores, como con las Obras Sociales Sindicales de más peso.
También se espera un rol más activo de la CGT, para que ponga a disposición de otras obras sociales de los trabajadores, todos los vínculos de diálogo con lo que cuentan varios integrantes del Consejo Directivo de la central y la llegada a distintos interlocutores de la actual administración de gobierno.
Más aún, teniendo en cuenta que el caso de la Obra Social del Personal Mosaísta, es parte de una larga lista de coberturas de salud sindicales intervenidas por diferentes procedimientos (OSPRERA, Fósforo, Ladrilleros y Vareadores, entre otras), sumado a muchas otras que se encuentran siendo observadas con una intensidad pocas veces vista durante presidencias nacionales anteriores y obligadas a ejercer su defensa o enfrentar el procedimiento de manera unilateral, sin conseguir que otras confederaciones afines acompañen sus reclamos y pongan en superficie estas prácticas, que ahora cuentan con un fallo judicial que cuestiona al menos, la forma en que se está ejerciendo este procedimiento desde del área que encabeza Lugones.
