El paro del 30 de octubre, que originalmente significó la unidad en la acción de las dos centrales sindicales de la actividad (CATT y UGATT), creció a partir de la adhesión a la convocatoria surgida desde la comunidad educativa, la salud, gremios de dependencias públicas y sindicatos industriales y de servicios, hoy protagonistas de complejos procesos paritarios de negociación salarial y condiciones de empleo.
La típica actitud del gobierno de Milei de redoblar la apuesta (lo hizo el 8 marzo durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer; el 24 de marzo con la revalorización de
los Derechos Humanos contra la dictadura; el 17 de octubre, rescatando a la ex presidenta “Isabelita”, entre otras puestas en escena analógicas y algorítmicas), tuvo su punto de inflexión en el uso de espacios públicos y virtuales para condenar con nombre y apellido la medida de fuerza gremial, en un accionar que muchos señalaron como propios de prácticas de gobiernos autoritarios de la Alemania del nacional socialismo, la URSS de Stalin o los Estados Unidos del Senador McCarthy.
La identificación al ex presidente Raúl Alfonsín, como un golpista, hizo recordar aquello de la práctica explícita de dardos contra su rostro, justamente en la Fundación Mediterránea con sede cordobesa, reducto propio del ex super ministro Domingo Cavallo, en voz de un presidente que consiguió la garantía democrática a su triunfo electoral y al ejercicio de su gobierno, más allá de que no se lo escuche ejercer una defensa apasionada a este sistema de representación ciudadana.
CGT, CTA, Movimientos Sociales y otros sectores políticos y de la comunidad, fijaron posición al respecto. De hecho, la aclaración que la unidad de las centrales sindicales no está en discusión, es un mensaje que busca unir fuerzas, más aún si se tiene en cuenta el anuncio de profundización del conflicto laboral, que tanto el denominado sector “combativo”, como el “negociador”, resaltan como un límite que deben poner, ante el ataque sin freno a la representación sindical.
La disputa política de los partidos opositores, también criticados durante la conferencia de prensa de la Mesa Nacional del Transporte, por “internas innecesarias”, se suma a la necesidad de defender los derechos laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores, más aún en el ya encaminado proceso electoral hacia los comicios de medio término del año próximo.
Porque el peligro es que el propio gobierno libertario que profundizó la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la baja en la producción y el desaliento hacia la actividad educativa, científica y la desvalorización de los haberes jubilatorios, con el crecimiento de la pobreza y la indigencia, pueda imponer su plan en el presupuesto 2025, esto significaría una profunda derrota a las otras ofertas electorales, no solo para los comicios legislativos del año próximo, sino también con proyección a las presidenciales del 2027.
La incógnita, si el actual gobierno es capaz de construir consensos políticos, más allá de los avales de un sector de la economía y el poder financiero, con la misma vocación que ejerce la destrucción de recursos y presupuestos del Estado, está en el aire. Y los tiempos se acortan.
