Esta semana la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes le ordenó al Gobierno de Javier Milei que retrotraiga la baja de cerca de 500 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, dados de baja por supuestas irregularidades que finalmente no pudieron probarse. Tras el fallo, el Ministerio de Capital Humano deberá hacerse cargo no sólo de los meses no pagados sino también de los intereses y de una indemnización.
A inicios del gobierno de Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni había acusado de “fraude” a cientos de ciudadanos que cobraban el plan pero tenían incompatibilidades por ser presuntamente empleados del estado provincial. Sin embargo, el cruce de datos sobre el que se tomó la decisión de suspender los pagos del Potenciar resultó absolutamente errado, ya que en algunos casos se comprobó que el trabajo en la provincia había por una breve suplencia o incluso 10 o 20 años atrás, habiéndose acusado injustamente a cientos de trabajadores de “defraudación al Estado”.
La decisión unánime del tribunal de segunda instancia, que lleva la firma de los jueces Mirtha Sotelo, Selva Spessot y Luis González, revocó un fallo previo del juez de primera instancia Juan Carlos Vallejos, quien había dictado una cautelar obligando al Estado nacional a restituir los planes a los trabajadores correntinos pero sin obligarlo al pago de los meses no cobrados. La nueva decisión judicial estableció que la cartera que encabeza la cuestionada ministra Sandra Pettovello pague no sólo los cuatro meses del Potenciar Trabajo correspondientes a la baja injustificada (entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, inclusive) sino también los intereses correspondientes.
Tras la decisión judicial que reconoció el “carácter alimentario” de estos ingresos y constató lo erróneo de las acusaciones de “defraudación”, varios de los damnificados anticiparon el inicio de demandas por daños y perjuicios, además de por calumnias e injurias contra los funcionarios responsables. El abogado de varias familias litigantes, Juan Manuel Cubilla Podestá, confirmó que tiene pendientes por lo menos otro centenar de demandas en el mismo sentido.
Tras el fallo de segunda instancia, el letrado manifestó: “Es la primera condena de fondo que reciben Milei y Pettovello en todo su el país y estamos haciendo justicia”. Luego enfatizó que “estos 500 correntinos son trabajadores informales de distintos rubros, como construcción, carpintería, costura y limpieza, quienes habían recibido el Potenciar Trabajo entre 2022 y 2023” y concluyó denunciando la “falta de sensibilidad del gobierno hacia la dignidad humana”.
