En las últimas horas el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino la imprenta estatal de papel moneda Casa de la Moneda por 180 días, rescindió contratos para imprimir billetes de $1000 y $2000 y le dio vacaciones a los más de 1300 trabajadores del organismo, que quedan en la incertidumbre total frente a un proceso de «reorganización» que podría implicar el cierre definitivo.
“Se informa que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) nos ha comunicado su decisión de rescindir los contratos de denominación de $1000 y $2000 que se encuentran vigentes al día de la fecha con Casa de Moneda. A raíz de esta decisión se procederá a detener a partir de hoy a las 22 horas todos los procesos productivos referentes a la fabricación de billetes. Por tal motivo, a todo el personal afectado exclusivamente a dicha actividad productiva, se le dará curso a la utilización de los períodos vacacionales que tengan disponibles”, se informó a los trabajadores del organismo estatal.
La decisión oficial implica que a partir de este mismo lunes se comenzarán a importar los billetes de esa denominación desde China (como ya sucede con los de $10.000 y los de $20.000, próximos a circular). La cuestionada decisión de aprobar la emisión del papel moneda en un país extranjero fue tomada por el directorio del BCRA en enero de este año. En el caso de estos billetes de $1000 (con la imagen de San Martín) y de $2000 (con las de los sanitaristas Ramón Carrillo y Cecilia Grierson), lanzados durante la gestión de Alberto Fernández, también podría imaginarse una cierta crítica ideológica (como la que en su momento llevó al gobierno de Mauricio Macri a reemplazar a los próceres por animales autóctonos).
El vocero presidencial Manual Adorni explicó: “Se usan cada vez las billeteras virtuales y el pago electrónico, por lo que no tiene mucho sentido seguir con ese nivel de ineficiencia en la impresión de billetes”. Y añadió: “La emisión de billetes de baja denominación no tiene ningún sentido en lo que respecta a la relación costo/beneficio”.
El funcionario también confirmó que el abogado Pedro Daniel Cavagnaro será el interventor de Casa de la Moneda, que quedó intervenida por el lapso de 180 días. Durante este período se deberá presentar un plan de “reestructuración” de la entidad, lo que suele ser un eufemismo para su cierre, perspectiva que hoy preocupa a los cientos de trabajadores del organismo, a los que se le dieron vacaciones a partir de este lunes.
Desde el momento de su asunción, el presidente Javier Milei tenía en sus planes el cierre de este y otros organismos -como Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), el Instituto Argentino del Transporte (IAT) o el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), entre otros-, pero para avanzar necesitaba de la delegación de poderes extraordinarios que finalmente le concedió el Congreso con la aprobación de la llamada Ley Bases a fines de junio. Ahora se encuentran en la mira organismos como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) o el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.
