La Federación Nacional de Peones de Taxis (FEPETAX), se declaró en Estado de Alerta y Movilización luego de que el gobierno desregulara el transporte interjurisdiccional de pasajeros con la publicación del Decreto 883/2024, que otorga a las empresas libertad para establecer rutas, horarios, tarifas y tipos de vehículos sin necesidad de autorizaciones previas.
El gremio, que encabeza Jorge García, criticó al Gobierno Nacional, ya que entienden que esta medida implica “un flagrante fondo de negociados, quizás sumamente necesario para sostener una campaña política ya puesta en marcha”. “Nuestra querida Nación abandona la forma Representativa, Republicana y Federal, arrogándose el Poder Ejecutivo Nacional la potestad de legislar y ejecutar. Solo resta saber si también asumirá el rol de la Justicia”, expresaron desde la Federación.
En este sentido, el titular de FEPETAX, junto al Secretario de Finanzas de la organización, Miguel Ángel Soto, señalaron que «si bien desde el Gobierno hablan de modernización, este tipo de medidas deberían ser calificadas como precarización». “Lamentablemente en medio está el público usuario» -puntualizaron-, «cuya seguridad económica y jurídica, queda a merced de la inoperancia y desconocimiento, tácitamente reconocido en su Artículo 14, cuando procede la habilitación automática por silencio administrativo de cinco días hábiles”.
Paralelamente, sostuvieron que se habla con “total desconocimiento” de la contratación del transporte por medio de aplicaciones. «cuando esta es solo la modalidad de convocar el servicio». “Pero si así fuera, nada dice de la legalidad de éstas» agregaron-. Y detallaron a modo de ejemplo, las obligaciones de las empresas prestadoras como registración, responsabilidad civil y tributaria, «dejando en una antojadiza nebulosa el millonario negocio que evade y fuga, impunemente, dinero a paraísos fiscales”.
La medida gubernamental también crea un nuevo Registro Nacional del Transporte, que permite el ingreso de empresas extranjeras y establece un nuevo régimen de acceso a puertos y aeropuertos para estos servicios públicos». que en contra de un funcionamiento. En este sentido, sostuvieron que «el transporte regulado otorga al usuario confortabilidad, seguridad económica y jurídica en sus viajes».
Y concluyeron que este «shock del liberalismo económico, pretende tapar su inoperancia e impericia para resolver los problemas de la gente, sumiéndonos en un sálvese quien pueda”.
