Desde Amnistía Internacional (AI) le hicieron llegar al presidente Javier Milei un comunicado planteando sus “graves preocupaciones” por la situación de derechos humanos en nuestro país, reprochándole sus “prácticas autoritarias”, y manifestando inquietud por el descontrolado aumento de la pobreza en su gestión, los recortes a las políticas de género y las amenazas a la libertad de expresión.
“Desde la organización, reconocemos que la crisis económica y social que ha atravesado el país desde hace años exigió un cambio. Sin embargo, nos alarma el incremento de la pobreza y que, en nombre de la libertad, se ataquen y vulneren los derechos humanos y las mismas libertades públicas”, escriben en la carta de tres páginas. Además, el organismo internacional denuncia “la libertad de expresión bajo ataque”, la “precariedad económica” y el debilitamiento de las políticas de género, instando al oficialismo a que revierta de manera “urgente” su ofensiva contra las políticas públicas en estas áreas que tienden a la protección de los derechos humanos.
El texto también lamenta que el Gobierno “encabece una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias, que utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente”. Y, en una crítica puntual a la estrategia de redes sociales del oficialismo, añade: “Estos mensajes han sido multiplicados por integrantes de su gobierno, especialmente en las plataformas digitales X y TikTok, generando con frecuencia aluviones de agresión y odio. Desde que inició su administración, Amnistía Internacional ha documentado el ataque y hostigamiento a al menos 30 periodistas, poniendo en serio riesgo la libertad de expresión”.
Amnstía también cuestiona en su misiva las políticas para la represión de las manifestaciones callejeras, denunciando que las “detenciones arbitrarias” y la “criminalización de la protesta social” afectan “los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica”. Luego, apuntando directamente contra la cartera de Patricia Bullrich, agregan: “El Ministerio de Seguridad aprobó una serie de resoluciones que imponen severas restricciones a la protesta pacífica y habilitaron el uso abusivo de la fuerza, el uso indiscriminado de armas menos letales – gases lacrimógenos y balas de goma dirigidas al rostro- tanques hidrantes y mecanismos de vigilancia en redes sociales”.
“Parece buscarse imponer un clima de temor que inhabilite las expresiones de disconformidad, propias de la libertad de pensamiento y expresión, que deben ser garantizadas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, alertó AI. Además, se denunció que el oficialismo “ha librado una batalla contra los derechos de las mujeres”, trasladando a las provincias el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA)y provocando un “debilitamiento institucional” de todas las políticas contra la violencia de género.
Ya en el terreno económico, se criticaron las “políticas de ajuste” del Gobierno, que generaron una “una escalada en los precios” que hoy llevó a un aumento brutal de la pobreza: “El número de personas que vive en situación de pobreza creció del 41,7% al 52,9% desde el último trimestre de 2023, cuando su gobierno tomó posesión, al primer semestre de 2024. Al mismo tiempo, más de un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar; y el ingreso mínimo de una persona adulta mayor no llega a cubrir la canasta Canasta Básica Total (CBT), que incluye gastos esenciales como la alimentación, vestido y traslado”.
Respecto de las políticas hacia los jubilados se alertó sobre el interés del Gobierno de “aumentar la edad jubilatoria” o la propuesta de “otorgar jubilaciones proporcionales a los aportes, que implicarían ingresos incluso por debajo de la jubilación mínima”, siendo que ya los haberes mínimos hoy se encuentran “por debajo de la línea de pobreza”.
“La libertad, señor presidente, no es un concepto aislado, es un derecho humano reconocido y protegido por el derecho internacional que vincula al Estado argentino y a todas sus instituciones -continúa el comunicado-. La libertad está indivisiblemente relacionada con el reconocimiento, sin discriminación, del derecho de las personas a vivir una vida digna, libre de violencias, con acceso a servicios públicos de calidad, y a que no se ponga en riesgo su vida e integridad”, concluyeron desde el organismo internacional de defensa de los derechos humanos.
