Ya desde el mediodía de este miércoles comenzaron a llegar columnas de organizaciones docentes, no docentes, estudiantiles y de organizaciones políticas, gremiales y de derechos humanos a la Plaza Congreso para respaldar a la educación superior y repudiar la amenaza de veto que el presidente Javier Milei anticipó para la flamante Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso hace pocas semanas.
La convocatoria original a esta “Marcha Federal” surgió del Frente Sindical de Universidades Nacionales (que agrupa a gremios docentes y no docentes), la Federación Universitaria Argentina (estudiantes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que organiza a los rectores, pero inmediatamente convocó la solidaridad de centrales sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), además del de numerosas asambleas barriales y organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que comprometieron su presencia.
“La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. Es inadmisible y profundamente injusto que quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales y, con su trabajo diario permiten que las universidades funcionen, sean hoy los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados. Más del 70 por ciento de las y de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año”, explicaron desde el CIN.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Emiliano Yacobitti remarcó que “más del 60 por ciento de los trabajadores de la universidad en todas las categorías están bajo la línea de pobreza. Un profesor adjunto que tiene dedicación exclusiva, ocho horas por día todos los días de la semana, está cobrando 840.000 pesos en mano”.
El reclamo de financiamiento también es acompañado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que se sumó a la movilización, exigiendo un mayor presupuesto para la educación y la restitución del FONID. La convocatoria se unifica bajo la consigna de “La Universidad no es el problema, es parte de la solución”, que además del rechazo al veto incluye el reclamo de una actualización salarial para docentes y no docentes universitarios, que denuncian haber perdido ya más del 70% del poder adquisitivo de sus salarios en lo que va de la gestión mileísta.
Se prevé que la protesta sea masiva en distintas ciudades y provincias del país, pero en la Ciudad de Buenos Aires su epicentro se ubicará en Plaza Congreso, con un escenario ubicado en la esquina de Avenida de Mayo y Sáenz Peña, donde a partir de las 17 se leerá un documento consensuado.
El Congreso de la Nación amaneció vallado este miércoles y en las últimas horas, el Ministerio de Seguridad remarcó un cambio en su política para la movilización, denunciando supuestas amenazas de disturbios y anticipando un cambio en el esquema de seguridad, originalmente diseñado para una protesta “pacífica”, por lo que no se descarta una nueva jornada de represión de las fuerzas de seguridad, como las ya registradas contra las movilizaciones de jubilados.
La Asociación de Técnicos y Profesionales del Hospital Garrahan, en conflicto por aumento de salarios, definió un paro por 24 horas para este jueves y confirmó que se sumará a la protesta universitaria. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp Metrodelegados) abrió este mediodía los molinetes de la Estación Lacroze de la línea B, para facilitar el arribo de las columnas a Congreso. Según se informó, en Constitución se concentran ya decenas de miles de manifestantes que vienen tanto desde La Plata como desde las estaciones intermedias (con centros universitarios importantes como la Universidad de Quilmes) o la UTN en Avellaneda.
En la previa de la marcha, desde el Gobierno Nacional no sólo renovaron sus críticas a la aprobación parlamentaria de la Ley (que afirman se sancionó “sin contemplar las fuentes de financiamiento para la misma”) sino que también intentaron minimizar el repudio multiplicando denuncias sin fundamento respecto de la “politización” del reclamo, de gastos universitarios injustificados o de presuntos “alumnos truchos”, y amenazando con auditorías. El vocero presidencial Manuel Adorni también cargó contra los gremios docentes, que la semana pasada rechazaron una oferta de recomposición salarial del 6.8%» para el mes de octubre.
