La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) llevó adelante encuentro nacional con la presencia Consejo Asesor Central, el Secretariado Nacional y delegados regionales en la que se le exigió al Gobierno nacional que se respete la reciente decisión de la Justicia Federal pampeana que declaró nula la intervención de su obra social OSPRERA y demandó que esta siga en manos de los trabajadores rurales, a los que definió como “sus legítimos dueños”.
El secretario General de UATRE, José Voytenco, destacó ante los delegados presentes la importancia de que el control de OSPRERA vuelva a estar bajo la administración de quienes mejor conocen las necesidades del sector rural: “Es hora de decir basta a quienes buscan inmiscuirse indebidamente en los asuntos de los sindicatos y sus obras sociales, con el fin de debilitar a los dirigentes populares y al movimiento obrero en su conjunto”.
El fallo judicial de finales de agosto anuló la intervención decretada por el Poder Ejecutivo Nacional a principios de ese mismo mes, tras señalar irregularidades en el proceso administrativo. La intervención había sido formalizada mediante el Decreto Nº 720/2024, argumentando problemas de liquidez y endeudamiento en la obra social.
Voytenco resaltó que la intervención fue una medida injusta solo tuvo el fin de “despojar a los trabajadores rurales de la gestión de su obra social”. Y agregó: “Reafirmamos que la UATRE es y será un bastión de libertad, y no cualquier libertad, sino la de gestionar nuestra propia obra social, entendiendo profundamente las necesidades de la familia rural”.
Ante esta situación, el gremio consensuó una serie de reclamos dirigidos tanto al Poder Ejecutivo como a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), entre ellos el reclamo de la nulidad absoluta del decreto de intervención de OSPRERA, definido como “carente de los elementos esenciales de un acto administrativo”; la ratificación del fallo de la Justicia Federal que hizo lugar al pedido de UATRE y declaró nula la intervención; el respeto a la resolución previa de la Justicia que ordenaba la normalización de OSPRERA a través de sus cuerpos orgánicos; que OSPRERA quede en manos “de sus verdaderos afiliados y beneficiarios, ya que es la UATRE quien mejor conoce las necesidades del sector rural”.
También reclamaron que la SSS “respete su propia decisión al emitir el certificado de Autoridades y Mandatos hasta el 30 de junio de 2028” y que “no ignore las decisiones de la Justicia y se ajuste a las funciones para las cuales fue creada”. Al Gobierno nacional se le exigió que “respete la división de poderes y la libertad sindical”.
