En las últimas horas se dio a conocer el informe periódico de sobre pobreza e indigencias que realiza el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Confirmando el impacto negativo de las políticas del Gobierno de Javier Milei, se confirmó que durante el primer semestre del año el 52% de la población del país es pobre, mientras que 17,9% es indigente (el doble de los valores del mismo período de 2023), marcando así los números más altos desde 2004.
Agustín Salvia, titular del ODSA, señaló respecto de la leve mejoría de algunos datos en el segundo trimestre del año, respecto del primero: “Se recuperaron principalmente las clases medias trabajadoras, el segmento técnico profesional, con cierta calificación, en ramas dinámicas. Mientras tanto, los trabajadores del mercado de consumo, la industria y la construcción no recibieron aumentos salariales en la misma proporción que la inflación debido a la caída del nivel de actividad’”.
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Para explicar los altísimos valores de pobreza e indigencia, destacó como factores principales la pérdida de puestos de trabajo en la economía informal y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el sector público y privado (con salarios promedio menores a una canasta básica). “’El sector de los trabajadores informales pobres, que cayó en la indigencia y que depende en gran medida de los programas sociales, no se recuperó. Es en este contexto que se observa una mayor desigualdad entre los distintos sectores trabajadores”, detalló.
Dentro del universo de la pobreza, se ubicaron 5 millones de jubilados y pensionados, hoy uno de los sectores más afectados por las políticas regresivas del oficialismo, que además vetó en estos días la ley de reforma de la fórmula de actualización previsional. La Defensoría de la Tercera Edad indica que la canasta básica de un jubilado rondaría los $800.000 mensuales, con una jubilación mínima que no alcanza ni a la mitad ($225.497,54 en agosto). A esos 5 millones hay que sumar otro medio millón que cobra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (80% de la jubilación mínima) y otro millón de personas con pensiones no contributivas.
