Durante la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados le dio media sanción al polémico proyecto impulsado por los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica que declara a la educación como “servicio estratégico esencial”, buscando garantizar el dictado de clases durante los días de paro. Gremios y sectores políticos de la oposición denunciaron que con esta iniciativa, que ahora deberá debatirse en el Senado, se vulnera el derecho constitucional a la huelga.
El proyecto, que se aprobó con 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones, determina que tanto a nivel nacional como de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se deberá garantizar que los colegios sigan funcionando durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente.
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Para este fin se propone un sistema de guardias mínimas obligatorias que garanticen la operatividad de los establecimientos y el funcionamientos de los comedores, que para medidas de fuerza de entre uno y dos días deberá ser del 30% de docentes y no docentes y para medidas más extensas del 50% “de la nómina de personal directivo, docente y no docente”. Al inicio de cada ciclo lectivo, los establecimientos deberán informar el esquema de guardias previsto para cada situación.
El diputado PRO Alejandro Finnochiaro, ex titular de la cartera educativa y presidente de la Comisión de Educación, sostuvo: “Esta ley beneficia a la sociedad toda y no perjudica a nadie. Pone en el centro del debate educativo, por primera vez en muchos años, a los chicos, jóvenes y adolescentes, que son el corazón del sistema educativo”. Y remarcó: “Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. Hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”.
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Desde la oposición, la diputada del FdT Blanca Osuna denunció que este proyecto viola el pleno derecho de huelga de docentes y no docentes, enmarcando la iniciativa en una ofensiva global del Gobierno contra la educación: “Al presidente Javier Milei no le interesa la educación pública; eliminó el Fondo de Incentivo Docente para, con esos recursos, financiar la educación privada por medio de vouchers”. En el mismo sentido se pronunció el diputado Hugo Yasky, también titular de la CTA de los Trabajadores consideró que el oficialismo dice defender la educación que en realidad “quiere destruir” y definió al proyecto como absolutamente “inviable” ya que “70 chicos van a estar a cargo de una maestra, ¿quieren que los pobres estén amontonados?”
Además, el legislador de origen docente, recordó que “las provincias tienen presupuestos desparejos” y planteó la imposibilidad de abordar un debate serio sobre el tema sin dar cuenta de esa realidad, ya que “no hay calidad sin inclusión”. En este sentido cuestionó tanto al gobierno de Milei como al de Cambiemos, “en el que el diputado Finocchiaro fue ministro y no se construyó un solo jardín de infantes, pese a que se terminó con Fútbol para Todos”.
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Roberto Cristalli, titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que fue parte de la movilización que llevó adelante CTERA este miércoles al Congreso, sostuvo: “Aquí lo que se está pretendiendo no es para nada acompañar el proceso y mejorar la calidad educativa. Cuando dicen que tiene que estar garantizado el 30% de los docentes en las escuelas es nada más que para cuidar a los chicos, para que sirva de guardería”. Y concluyó: “Se está cercenando el derecho a huelga que es una de las intenciones de este proyecto, y la otra cuestión es que todos sabemos que los servicios se pagan. Y a la larga el objetivo va a ser que se privatice el sistema educativo y que si querés que tus hijos tengan educación la vas a tener que pagar porque eso es un servicio”.
