Como parte de la reglamentación de la Ley Bases, esta semana el Gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el decreto 718/2014, en el que se avanza con la privatización o reprivatización de distintas empresas estatales. En ese marco, se prevé que las cuatro principales centrales hidroeléctricas del país, cuyo contrato de concesión por 30 años había vencido en 2023, continúen en manos privadas.
El mes pasado el Gobierno había confirmado la constitución de cuatro sociedades anónimas de fondos nacionales para producir y vender energía de los ríos Limay y Neuquén, con el nombre de las principales represas del país: El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados. El objetivo es que esas represas queden en manos de Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina S.A., que luego las transferirán a la Secretaría de Energía de la Nación para su privatización.
Las cuatro represas hidroeléctricas, las más importantes de las 17 concesionadas a nivel nacional, seguían siendo operadas desde el año pasado por las empresas concesionarias previas, que se hicieron con el control tras las privatizaciones decididas por el menemismo en los años 90, gracias a una prórroga transitoria por el lapso de un año que definió el gobierno de Alberto Fernández (haciendo caso omiso a los planteos de reestatización).
En marzo de 2023, unos meses antes del fin de las concesiones, el senador Oscar Parrilli le planteó a la Secretaría de Energía que no prorrogue la concesión: “Desde que se privatizaron las represas, la renta que han tenido los concesionarios no ha redundado en inversiones para el mejoramiento y expansión del sistema eléctrico. En consecuencia, la potencia instalada no ha aumentado, sino que se ha reducido del 43 al 25 por ciento de su participación en el sistema eléctrico argentino”.
Pero la gestión previa perdió una “oportunidad histórica” para recuperar el manejo de la generación eléctrica sin tener que pagar indemnizaciones, ya que las concesiones vencían, optando por extender provisoriamente los contratos a las concesionarias y facilitando así el proceso de reprivatización que ahora encara la administración de Milei en el marco de una entrega generalizada al capital privado de empresas del Estado, tales como Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Intercargo y Enarsa (más otras sujetas a privatización parcial, como AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales).
