Después que el Gobierno de Javier Milei reglamentara, en estas últimas horas, la forma de aplicación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, aprobada hace algunas semanas en el marco de la Ley Bases, la Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJ Gas) denunció públicamente que el tributo es “inconstitucional” y constituye un “zarpazo” del oficialismo sobre el salario de los trabajadores.
Desde el gremio que conduce Rubén Ruiz, como su secretario general, sostienen también que la reposición del tributo además “anula las exenciones logradas en el marco de las discusiones mantenidas con las autoridades económicas anteriores (guardias pasivas, turnos, zona/planta, horas extras realizadas en sábado, domingo, feriados y/o descansos semanales para personal de turno, antigüedad, quebranto o falla de caja, bonificaciones por productividad, eficiencia, gratificaciones, plus remunerativo u otra denominación, viáticos, asignación jerárquica o por mayor responsabilidad, inspección de obra, por especialización o de similar naturaleza, etc.)”.
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Los nuevos montos mínimos a partir de los que se aplicarán los descuentos sobre los salarios son de $ 1.494.000 netos para trabajadores solteros, y de $ 1.942.000 para trabajadores casados con dos hijos. En ese marco, también se incorpora una escala más extensa (entre 5 y 35% del excedente), lo que implica que “se incorporarán un millón de trabajadores/as al pago del tributo y, provisoriamente, habrá una curva ascendente de pago menos pronunciada para una franja de trabajadores/as que tributen”, explicaron desde APJ Gas. Y agregaron: “Esto ya lo vivimos a partir de 2016 y terminamos en este berenjenal impositivo”.
Luego, señalaron que las empresas “no podrán retener de más por el período enero-junio dado que deberán incluir deducciones especiales que compensen cualquier diferencia con el anterior impuesto cedular”. Y explicaron que “en paralelo, la ley ratifica lo actuado por el gobierno anterior entre octubre y diciembre 2023, por lo que no puede haber descuentos “sorpresa” por ese período”. Desde la Asociación, también explicaron que la ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar las deducciones en forma discrecional”, con lo que desde la administración de Milei “hicieron lo mismo que criticaron”.
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Como ejemplo de los problemas graves que atraviesan al proyecto aprobado, se preguntaron si constituye un “chiste” o una “provocación” el hecho de que solo se pueda deducir el 10% de lo abonado en forma anual en concepto de alquiler (cuando cualquiera sabe que los montos más básicos para alquilar una vivienda pueden superar ampliamente ese porcentaje), lo que destacaron como pauta de “lo alejados que están los legisladores y el gobierno de la realidad de los trabajadores”.
“La APJ Gas, junto a los sindicatos nucleados en la “Mesa sindical el salario no es ganancia”, iniciaremos juicios para revertir esta situación injusta que es simultánea a los beneficios que reciben los 200.000 contribuyentes más ricos del país por una rebaja en Bienes Personales y un perdón fiscal mediante el blanqueo para los que evadieron divisas y quieran retornarlas”, anticiparon. Y concluyeron: “Ese solo será el primer paso. Porque los trabajadores/as sí somos profundamente democráticos. Utilizamos todas las herramientas que nos brinda la democracia. Los jueces también tienen herramientas para frenar esta rebaja salarial confiscatoria, inequitativa e inconstitucional, que afectará el consumo y la recaudación impositiva”.
