Después de haber sostenido una reunión con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), este lunes la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero convocó al Grupo de los Seis (G6) a debatir este miércoles distintos aspectos de la implementación de la reforma laboral aprobada hace algunas semanas como parte de la Ley Bases. La convocatoria a gremialistas y empresarios se produce en el marco del proceso de constitución del llamado Consejo de Mayo para avanzar con el «diálogo social».
Integran el G6 las entidades empresariales Unión Industrial Argentina (UIA), Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de Comercio (CAC) y Sociedad Rural Argentina. Según se anticipó, el encuentro con Cordero será con “agenda abierta”, pero está claro que uno de los ejes principales del encuentro pasará por el tema laboral.
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El objetivo planteado por el oficialismo es el de constituir una “mesa técnica” para avanzar en la implementación de la reforma laboral, con la participación del sector empresario y del sindical, más la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En primera instancia aparece difícil que el Gobierno de Javier Milei, siempre con un sesgo claro a favor del empresariado, pueda conciliar intereses tan contrapuestos. Sobre todo cuando desde el G6 se adelantaron posiciones absolutamente intransigentes.
Mientras que desde la CGT se planteó la necesidad de que la reglamentación de la ley atenúe los aspectos más negativos de la reforma, apuntando sobre todo a limitar la “desprotección laboral” de los trabajadores (cuestionando la figura del “trabajador independiente” que puede tener hasta tres personas a cargo) y a minimizar la posibilidad de despidos por razones gremiales (pidiendo se morigere o elimine la penalización por bloqueos sindicales), desde el empresariado ase adelantó que se planteará “exactamente lo contrario”.
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Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, defendió el artículo que penaliza los bloqueos contra las empresas planteando: “Un tema en discusión son los límites al derecho de huelga, que deben tener en cuenta la figura del acoso y violencia del Convenio 190 de la OIT, ya ratificado por la Argentina, un convenio de doble vía, pues los bloqueos de planta o la imposibilidad de ingreso o egreso de un establecimiento violan también derechos constitucionales como el de propiedad, el de ejercer toda industria lícita la libertad de tránsito y de trabajo”.
De hecho, desde el sector empresarial defienden el proyecto de reforma laboral que se había incluido en el cuestionado DNU 70, que la CGT y otras centrales de trabajadores cuestionaron judicialmente, obteniendo numerosos amparos que bloquearon su aplicación. Para los integrantes del G6, ese proyecto, que tenía 42 artículos más que se el que se terminó votando en el marco de la Ley Bases, era “más abarcativo y profundo”.
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El encuentro entre funcionarios de la cartera laboral y los referentes de las distintas entidades empresariales se concretará este miércoles a las 12, en la sede de la cartera de Leandro Alem 650 de la Ciudad de Buenos Aires. Según se anticipó, participarían Funes de Rioja (UIA), Nicolás Pino (SRA), Natalio Mario Grinman (CAC), Gustavo Weiss (Camarco), Adelmo Gabby (Bolsa de Comercio) y Javier Bolzico (Adeba).
