En el marco de la nueva gran tanda de despidos de trabajadores estatales que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, una de las dependencias más golpeadas por las cesantías fue el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, con 685 despidos en el fin de semana. Tras el despido del 85% de la plantilla de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, organizaciones de mujeres coordinaron la presentación de una acción judicial contra el Gobierno y el Ministerio de Justicia, bajo cuya órbita quedó la cartera diezmada.
Los despidos en Prevención de las Violencias afectaron principalmente la atención de la línea 144 (“Línea de atención a personas en situación de violencia y riesgo”) de la que fueron cesanteadas el 42% de las operadoras. Este servicio de asistencia telefónica gratuita recibe cerca de 340 llamadas por día y el plantel que quedó para atenderlas ya no da abasto. Fernanda Fuentealba, secretaria general ATE ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, explicó: “Una de las guardias quedó solo con dos. Es imposible así dar abasto con toda la demanda que tenemos”. El servicio de videollamadas para personas sordomudas quedó directamente sin atención.
Se suman miles de nuevos despidos en el Estado y hay represión a los reclamos de reincorporación
El ex Ministerio tenía una nómina de 1100 empleados de los que fueron desvinculados 240 en la primera gran tanda de despidos aplicada por el oficialismo y otros 685 en los últimos días. Para una “tercera etapa” (dentro de tres meses) ya se anticipó que se planea despedir al resto. El Ministerio de Justicia absorbió las responsabilidades del ex Ministerio de la Mujer en mayo, tras un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano. El ministro Mariano Cúneo Libarona reivindicó los despidos porque el organismo que estuvo a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta “fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlar y eventos”.
Más allá de los discursos oficiales, lo cierto es que la eliminación de dependencias enteras para la asistencia a víctimas de la violencia implica un gravísimo retroceso. Por eso, organizaciones como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) realizaron una presentación judicial colectiva exigiéndole al Gobierno que expliqué cómo va a dar “cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido”.
La demanda, que “busca establecer la responsabilidad del Estado nacional frente a su obligación de garantizar condiciones para la protección de las niñas y mujeres”, quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, del juez Enrique Alonso Regueira. Y concluye denunciando: “El desmantelamiento de estas políticas sólo puede resultar en un recrudecimiento de la violencia, el desamparo y la vulneración de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia”,
