Durante la madrugada de este viernes, y después de más de 13 horas de debate, finalmente la Cámara de Diputados aprobó tanto la Ley Bases como la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. En cuanto a la primera de las iniciativas, se aceptaron las modificaciones votadas por el Senado, pero en el paquete fiscal se insistió con la propuesta de la Cámara Baja de abril, que incluye la restitución del impuesto a las Ganancias, el blanqueo de capitales y la eliminación del monotributo social.
La ley Bases se aprobó por 147 votos a favor, 104 en contra y 2 abstenciones, replicando la propuesta del Senado, es decir, con una reducción de la cantidad de empresas privatizables (sólo ENARSA, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y SOFSE), la eliminación de la reforma previsional, una reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y una ampliación de la cantidad de organismos estatales que no se podrían disolver.
El Gobierno logró aprobar la Ley Bases en el Senado, aunque con cambios importantes
Además del otorgamiento de “facultades excepcionales” para Milei en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, el proyecto incluye una reforma laboral que, aunque limitada respecto del proyecto original del oficialismo, tiene aspectos muy cuestionados por los gremios, como la extensión del período de prueba (de seis meses para empresas con más de 100 trabajadores, de ocho meses para empresas desde seis hasta 100 trabajadores y de un año en empresas con hasta cinco trabajadores).
En relación con la obra pública, se ratificó que el Poder Ejecutivo cuenta con potestad para renegociar o rescindir contratos de obra pública o provisión de bienes y servicios, exceptuando a aquellos proyectos que ya estén ejecutados en un 80% o cuenten con financiamiento internacional. En muchos otros casos, se encuentran en curso negociaciones con las distintas provincias para transferir a esas jurisdicciones algunos proyectos clave que quedaron absolutamente paralizados y sin financiamiento nacional.
Con Milei creció la desigualdad social, hasta alcanzar las peores cifras en 16 años
Los empleados de organismos del Estado ahora quedan sujetos a una reestructuración por la que podrán ser puestos en disponibilidad por un máximo de un año (pudiendo desvinculárselos después de este período) y se les prohíben actividades vinculadas a campañas electorales y partidistas durante el horario laboral. También podrán ser exhortados a iniciar los trámites previsionales al cumplirse los plazos correspondientes.
Pero el problema institucional más grave aparece con el paquete fiscal, uno de los objetivos clave del oficialismo para buscar financiación, ya que Diputados insistió con su propuesta original en algunos de los temas más cuestionados, abriendo la puerta a una judicialización masiva. Los legisladores críticos de esta decisión anticiparon que habrá cuestionamientos por una posible “inconstitucionalidad” de las leyes, en tanto terminaron siendo aprobadas con el acuerdo de sólo una de las Cámaras del Congreso, desconociendo los cuestionamientos de la otra.
En relación con la vuelta de Ganancias, que afectará a cientos de miles de trabajadores (asalariados solteros que ganen salario bruto a partir de $1,8 millones y casados con dos hijos que ganen desde $2,34 millones), la diputada de extracción judicial Vanesa Siley (de Unión por la Patria), anticipó: “Tengamos en claro que esto va a ser el insumo, lamentablemente, para aquellos jueces que van a recibir las cientos de miles de demandas, que no van a venir de los diputados sino de los casi 800.000 trabajadores a los que se les cambió en nueve meses su situación impositiva”. En este sentido, la “Mesa Intersindical El Salario No Es Ganancia”, integrada por 97 gremios, ya anticipó su decisión de apelar judicialmente el pago del tributo.
Además, confirmando que el peso del financiamiento estatal se vuelca a los sectores trabajadores y no a los más ricos del país, se aprobaron reformas al Régimen de Bienes Personales, con un piso del pago del impuesto que casi se cuadruplica, alcanzando sólo a personas con más de $100 millones declarados, pero además sumando una reducción de alícuotas progresivas que del 1,75% actual pasa a entre un 0,5% al 1,5%. También se confirmó el Régimen de Regularización de Activos, para blanquear capitales de hasta 100 mil dólares sin penalización alguna y sin cuestionamientos sobre el origen de los fondos.
Por último, se aprobó una actualización de techos de facturación y alícuotas del monotributo en general, se aprobó la eliminación del Monotributo social, lo que implicará un gravísimo impacto negativo para los sectores sociales más desfavorecidos del país, que por la vía de esta herramienta podían acceder a una obra social y a aportes jubilatorios con un aporte subsidiado en parte por el Estado, que ahora deberían incorporarse al régimen general monotributista, con cuotas impagables para trabajadores informales.
