Este martes por la tarde, pocos minutos después del fin de la movilización de organizaciones gremiales, políticas, sociales y de Derechos Humanos a Plaza de Mayo, la jueza María Romilda Servini ordenó la liberación “por falta de mérito” de 11 de las 16 personas que todavía continuaban detenidas después de la represión en el marco de la protesta contra la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación, el pasado miércoles 12. Todavía quedan cinco detenidos de los 33 originales.
Siguen en prisión Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez, ya que la jueza consideró que las declaraciones de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad, así como las imágenes de cámaras de seguridad aportadas, ameritaban profundizar las investigaciones sobre sus respectivas responsabilidades en los disturbios.
El fallo de la jueza para definir esta segunda tanda de liberaciones, que incluyó al delegado de Ademys Juan Ignacio Spinetto, a la estudiante de la Unam Camila Belén Juárez Oliva, Sofia Belén Ottogali, Nicolás Daniel Mayorga y Sasha Jazmin Lyardet, acusados por la policía de integrar “un grupo de encapuchados que tiraban piedras”, estableció que “no se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa -máscaras, ondas, piedras, palos, etc-. A consecuencia de ello, de momento, no se poseen registros fílmicos de los hechos, ni se produjo el secuestro de objeto alguno que acredite los hechos”.
El viernes pasado, 48 horas después de sus detenciones, Servini había liberado a Sofía Belén Ottogali, Gonzalo Duro, Martín Di Roco, Mateo De Tore, Germán Moyano, Fernando Klaus Leone, Ricardo Shariff, Diego Ignacio Kurburo, Román Esteban Méndez, Luis Alberto de la Vega, Santiago Lautaro Adano, Brian Ezequiel Ortíz, Belén Yanina Ocampo, Matías Leonel Ramírez, Nora Edith Longo, Remigio Ramón Ocampo y Mía Pilar Ocampo.
Después de esta resolución judicial, el fiscal federal Carlos Stornelli, responsable de plantear unas acusaciones durísimas contra los detenidos (que incluyen cargos por terrorismo y por intentar afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas), apeló la decisión pidiéndole a la Cámara Federal que 14 de los 17 liberados (sin contar a las tres personas que eran vendedores ambulantes) regresen a prisión por considerar que los acusados podrían fugarse o entorpecer la investigación.
Esta decidida ofensiva judicial contra una cantidad de detenidos “al voleo”, impulsada también por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y por el Gobierno de Javier Milei (que denunció un intento de golpe de Estado) fue cuestionada por gremios y organizaciones políticas y de derechos humanos como un intento de “criminalizar” la protesta social y política.
En este sentido, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicaron, tras la decisión de este martes: “La resolución de la jueza Servini confirma que las detenciones de quienes protestaban contra la Ley Bases fueron al voleo y que el fiscal inventó un intento golpe de Estado a medida de los intereses del gobierno nacional. Más allá del alivio por estas liberaciones, las causas siguen abiertas y el daño ya realizado es inmenso: para quienes estuvieron en prisión, para sus afectos y también por la amenaza que supone para cualquiera que quiera manifestar sus críticas al oficialismo”.
