Este martes a partir de las 16.30 concentran en Plaza de Mayo numerosas organizaciones gremiales (incluyendo a la Confederación General del Trabajo y las dos CTA), políticas, sociales y de derechos humanos para reclamar la libertad inmediata de 16 personas que continúan detenidas desde la represión posterior a la protesta contra la aprobación de la Ley Bases en el Senado del miércoles pasado.
De las 33 personas detenidas originalmente en la represión policial, en la mayoría de los casos “al voleo”, como lo prueban numerosas imágenes y videos de los hechos, la jueza María Romilda Servini decidió conceder la excarcelación a 16 el viernes pasado. Pero incluso para estos casos, el fiscal Carlos Stornelli apeló y pidió que se les cancele el beneficio y vuelvan a cumplir prisión efectiva mientras se realiza la investigación, sobre lo que la jueza aún no se pronunció.
Gremios y organizaciones sociales y de DDHH repudian la «criminalización de la protesta»
Ante estos hechos de clara criminalización de la protesta por parte del Gobierno de Javier Milei (en el marco de los que se plantearon carátulas judiciales tan increíbles como “terrorismo” o intento de “golpe de Estado” para los manifestantes), numerosas organizaciones políticas, sociales, gremiales y de DDHH de todo el arco político vienen realizando diversas acciones para exigir la libertad de los detenidos y cuestionar la ofensiva oficialista contra los derechos más básicos de movilización y protesta.
La CGT manifestó su «preocupación» por los hechos acontecidos «durante y después de la concentración del miércoles pasado en el Congreso Nacional» y reivindicó «el derecho a la protesta, que se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional (derecho a la libertad de expresión y a peticionar ante las autoridades, art 14bis) y Tratados Internacionales de Derechos Humanos». En este sentido, resaltó «la esencialidad de este derecho para el funcionamiento de la democracia, por ser la madre de todos los derechos humanos conseguidos» y repudió «el intento de criminalización de la protesta y la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un Golpe de Estado. Esta falacia pretende ocultar justamente un ejercicio autoritario del poder público al utilizarlo para reprimir y criminalizar a legítimos manifestantes que ven afectados sus derechos, ante una Ley que se trata en el Congreso teñida de denuncias de manipulaciones, que atropellan el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la correcta y transparente formación de las leyes».
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó “su más enérgico repudio a la represión y las detenciones ilegales”, reclamando además la “urgente liberación de las personas detenidas, entre ellas la trabajadora del Ministerio de Economía de la Nación, María de la Paz Cerruti”, afiliada del gremio. También siguen detenidos un delegado de la agrupación docente Ademys y un afiliado del Sindicato de Televisión, gremios que, entre muchos otros, se suman a la protesta en Plaza de Mayo. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se anticipó una denuncia internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Contundente movilización en Congreso contra la Ley Bases, con gran presencia sindical
El titular de ATE Rodolfo Aguiar advirtió acerca del “autoritarismo creciente” del Gobierno y añadió: “Hay un proceso de disciplinamiento y persecución en marcha que cuenta con la complicidad del Poder Judicial, porque la división de poderes casi no existe. Cuesta mucho encontrar jueces y fiscales independientes. La mayoría recibe órdenes desde la Casa Rosada”. “No podemos aceptar que en la Argentina se vuelvan a suspender derechos y suprimir garantías constitucionales. Ese es un horror y una época trágica que ya vivimos como sociedad. Todos los manifestantes fueron detenidos de manera ilegal y se están violando todas las leyes para mantenerlos encerrados. Exigimos su inmediata libertad”, concluyó.
Desde la CTA Autónoma denunciaron que además de los detenidos hubo “por lo menos 200 heridos y heridas, respecto de lo cual se destaca el uso permanente de gases pimienta directo a los ojos de manifestantes, periodistas y diputadxs, también el uso de balas de goma hacia el rostro de los manifestantes, en especial un periodista con heridas en el entrecejo, y gases lacrimógenos vencidos”. En cuanto a los diputados reprimidos por la Policía, Unión por la Patria también llamó a una conferencia de prensa para este martes a las 15.30, anticipando la presentación de una denuncia judicial.
