A partir de las 14 de este martes, el Senado retomará el debate en el plenario de comisiones sobre el proyecto oficialista de Ley Bases, que hace unas semanas logró la media sanción en la Cámara de Diputados. En la jornada de discusión de este lunes, uno de los puntos más polémicos fue el de la reforma laboral, contra la que plantearon duras objeciones dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la CTA de los Trabajadores (CTA-T), entre otros expositores.
En su intervención, el cotitular cegetista Héctor Daer cuestionó que esa instancia de discusión en torno al proyecto no se haya planteado también en la Cámara de Diputados. Luego presentó un detalle de los artículos del proyecto de ley que más perjudican los derechos laborales, deteniéndose especialmente en los que habilitan la figura del colaborador y en la modificación del despido discriminatorio. El gremialista también criticó el intento de restauración del Impuesto a las Ganancias, que perjudicará a más de un millón de trabajadores y la iniciativa conocida como Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), denunciando que promueve inversiones para actividades extractiva ssin generar riqueza para el país.
En un momento del debate se produjo un fuerte cruce con el senador de La Libertad Avanza Ezequiel Atauche (Jujuy), quien le recriminó a Daer el rol de la CGT durante el gobienro anterior: «¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos? Porque a nosotros nos hicieron uno a los 45 días y a los cinco meses», frente a lo que el triunviro cegetista respondió: «No voy a aceptar esa falta de respeto. Eso de dónde estaban escondidos es una falta de respeto».
Varios legisladores de Unión por la Patria cuestionaron también el capítulo laboral, incluyendo al jefe de bloque del Frente de Todos José Mayans, quien anticipó planteos judiciales por la inconstitucionalidad de los cambios propuestos: “Es inconstitucional de principio a fin. Si hay una figura de explotación es la del colaborador. Habría que desestimarlo o volver actuar”. Luego remarcó que esa figura apunta a «legalizar la informalidad” y concluyó: “La ley ataca al sector laboral con estas ideas que son la edad de piedra, atrasan 70 años».
También el titular de la CTA-T Hugo Yasky denunció que la iniciativa aprobada en Diputados “elimina sanciones a empleadores por contratar en negro o retener aportes” y “crea la figura de monotributistas con cinco colaboradores” (gracia a la que «más de 600 mil personas podrían convertirse de inmediato en informales”). Además remarcó que se “crea el fondo de cese y abarata el costo del despido, con lo cual favorece el despido sin causa”, permitiendo a los empleadores el “despido discriminatorio”, al tiempo que se “elimina la responsabilidad solidaria por flexibilizar trabajadores”. También enfatizó que la iniciativa “alarga el período de prueba hasta un año, pasaríamos a ser el país con el período más largo del mundo”, “habilita el pase a disponibilidad de trabajadores estatales por doce meses”, violando “el principio de la estabilidad laboral”, entre otros puntos.
“Está claro que no estamos ante una medida que tiende a garantizar más recursos al Estado; sino recursos que serán más o menos los mismos los pongan los pobres y no los más ricos”, concluyó.
Mientras continúa el debate en comisiones, con el objetivo de lograr un dictamen que permita llevar el proyecto a la discusión en el recinto antes del 25 de mayo (fecha en que el oficialismo pretende celebrar el “Pacto de mayo” con los gobernadores, en la provincia de Córdoba) el cotitular cegetista Pablo Moyano planteó la necesidad de convocar a una nueva gran movilización de protesta frente al Congreso de la Nación para el día en quie finalmente se aborde la discusión del proyecto en la Cámara Alta.
