Luego que quedara frustrada la posibilidad de generar un incremento del salario mínimo acorde al proceso inflacionario, la Confederación General del Trabajo (CGT) responsabilizó al gobierno nacional de impedir “el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo”.
La CGT ya había anunciado su propuesta de “establecer un 85% de aumento sobre el último monto a partir del 1 de febrero, fijando una base de $ 288.600”.
Esta propuesta, acompañada por las dos CTA, ya había recibido el rechazo de la contraparte empresarial.
Sin embargo, la acusación de la central sindical, apunta también a la representación del oficialismo a través de la Secretaria de Empleo que depende del multifacético ministerio
de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, de instrumentar “por todos los medios posibles que la reunión no se desarrollara con normalidad”. “Rompiendo una larga tradición de dialogo social tripartito y acuerdos colectivos”, enfatizaron.
Y si bien el sindicalismo desde la asunción de Milei como presidente, entiende que el propio oficialismo es la principal patronal en contra de los derechos y conquistas de los
trabajadores, la CGT también critica fuertemente a los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina (UIA) como “complacientes con esa estrategia”, al no formular
ninguna propuesta.
“Los mismos empresarios que en la OIT defienden el diálogo social y los consensos colectivos como herramienta fundamental para el desarrollo económico y social del país”
dice explícitamente el texto oficial de la representación obrera, “hoy borraron con los hechos lo que pregonan con palabras en los foros internacionales”.
En verdad este encuentro se viene postergando desde finales del año pasado, a pesar del pedido realizado por el gremialismo.
“En tiempos de altísima inflación y con aumentos intolerables e injustificables de precios” –justifican en la realización de la demanda- “establecer un piso social es necesario e
impostergable”.
Ahora todo indica que será el propio Poder Ejecutivo el que determinará el valor mínimo del salario para todos los trabajadores, que la CGT también entiende como una actitud de “absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos”.
