Este miércoles a partir de las 10 de la mañana comenzaron a arribar a la Plaza Lavalle las columnas de los distintos gremios y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que se sumaban a la concentración convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para presentar ante la Justicia un recurso planteando la inconstitucionalidad del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) planteado por el gobierno de Javier Milei, que entre otras múltiples desregulaciones del Estado, incluye una muy regresiva reforma laboral. La protesta, que fue masiva, ocupando la plaza y las calles laterales, terminó cerca de las 12.30, después de la lectura de un documento de la central obrera.
Acompañando la concentración, la CGT presentó ante la Justicia, a través de sus abogados, un recurso de amparo para que se suspenda “en forma urgente” la aplicación de la reforma laboral por decreto, enfatizando el pedido de declaración de “certeza de constitucionalidad” de la normativa que busca imponer el gobierno. El reclamo quedó radicado en el juzgado nacional del Trabajo N° 69, a cargo del juez José Ramonet, quien insólitamente en horas del mediodía rechazó dictar una medida cautelar “interina” contra el DNU argumentando que el mismo todavía no se encuentra en vigencia (estará formalmente vigente recién a partir de este viernes 29).
Concentración cegetista contra el decreto, con adhesión de CTAs y organizaciones sociales
“El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste que lo pagaría lo que él denomina “casta política”, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte. Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales”, comienza el documento leído en la plaza.
“No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral. Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario”, se denunciar luego. Y agrega: “El DNU está viciado de origen y, por lo tanto, es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Hoy vinimos a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU. Frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República”, continúa el texto. Y enfatiza: “Es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores. Vivimos en una República de iguales, no somos un estado mesiánico ni una monarquía”.
Luego define: “Hoy, en representación de los intereses de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos, presentamos ante la Justicia Nacional del Trabajo nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad de Urgencia”. “No lo hemos hecho ni por “sadismo ni por corrupción”, lo hacemos por la responsabilidad que nos cabe de representar los intereses individuales y colectivos para los que fuimos elegidos en cada organización gremial, en defensa de los derechos de todos/as los y las trabajadores/as y de la ciudadanía en general”, sostuviene.
Y concluye: “Una elección democrática de Presidente otorga legalidad y legitimidad para quien es electo para impulsar las iniciativas políticas que considere necesarias, pero siempre en el marco de la ley y el respeto a la división de poderes republicanos. Ser legal es respetar la Constitución Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República. No se confunda, señor Presidente. No somos la casta. Somos trabajadores”.
Muchos gremios de la CGT movilizaron parcialmente, en tanto no fue una jornada de paro, apostando por que sólo participen en la concentración por cuestiones de seguridad los delegados y representantes con inmunidad gremial, conscientes de los peligros que implicaba tan fuerte como innecesario despliegue policial dispuesto por Nación y por la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la protesta también se nutrió de un gran aporte de las organizaciones sociales (UTEP, Coordinadora por el Cambio Social, CCC, Movimiento Evita, Libres del sur y otras), así como de asambleas de inquilinos, barriales y de múltiples organizaciones. Toda la movilización transcurrió en forma pacífica, registrándose recién algunos cruces con algunos sectores de manifestantes en la desconcentración, en la intersección de Avenida Corrientes y Uruguay.
