Después de que en los últimos días el gobierno ultra conservador de la primera ministra italiana Giorgia Meloni confirmara la suspensión del pago de la llamada renta de ciudadanía, para personas desempleadas, este lunes se multiplicando las protestas y manifestaciones en el sur del país europeo, la zona más afectada por la decisión.
Según se informó, unas 169 mil familias fueron notificadas de que a partir del 1 de enero del próximo año dejarían de percibir este beneficio para desempleados, introducido en 2019. La medida afecta particularmente a las ciudades del sur italiano, más golpeadas por el desempleo, especialmente a Nápoles, donde se concentra buena parte de estos subsidios. En esta ciudad se realizaron las mayores protestas ante las oficinas de la Seguridad Social.
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Ante el anuncio de la primera ministra derechista, que había criticado la renta de ciudadanía desde su campaña, también un gran número de alcaldes plantearon sus objeciones al Gobierno ya que, según la ley italiana, las personas a las que se les retire el beneficio nacional deberán ser atendidas por los servicios sociales locales.
Según explicó Meloni, esta renta sería reemplazada por un “subsidio de inclusión” a partir de enero, para las familias que desde el Gobierno se evalúen como más vulnerables (en la que haya integrantes menores, mayores de 60 o con discapacidades) y por un nuevo programa bautizado como “Apoyo para la Capacitación y el Trabajo”, mucho más restrictivo, para familias donde haya integrantes en condiciones de trabajar.
Desde la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) se denunció que “cientos de miles de personas se encontrarán sin apoyo en los próximos días”, considerando que las bajas del programa alcanzan a casi un cuarto de las 895.000 familias que recibieron la renta en el mes de junio.
