Aunque una nueva reforma previsional figura como uno de los puntos del acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, está claro que no hay margen parlamentario para avanzar en la propuesta, particularmente si se tienen en cuenta la fuerte reacción popular de repudio que provocó la reforma votada en diciembre del año pasado. Más allá del acuerdo con el Fondo, el proyecto quedará relegado a un eventual segundo mandato del presidente Mauricio Macri.
El oficialismo ni siquiera puso en pie el Consejo de Sustentabilidad Previsional que debería comenzar a trabajar sobre el proyecto de nuevo régimen previsional, más allá de la convocatoria realizada en mayo por el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca. Según se detallaba en el Boletín Oficial, el organismo debía presentar en junio una agenda de actividades y la nómina de sus 25 integrantes para generar, en el plazo de un semestre, consenso alrededor de un proyecto de ley para un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto.
La degradación del Ministerio de Trabajo a Secretaría bajo la órbita del Ministerio de Producción de Dante Sica implicó también que la cuestión previsional pase a tratarse en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley.
Según reconocen en el gobierno “este año y el que viene no hay posibilidad” de avanzar con el tratamiento de un nuevo proyecto de reforma en un Parlamento hoy atravesado por el debate del Presupuesto 2019 y que aún se recupera de las secuelas de la crisis de haber aprobado la reforma previsional en diciembre de 2017.
El senador justicialista rionegrino Miguel Ángel Pichetto descartó en recientes declaraciones la posibilidad de tratamiento de un proyecto de ley sobre el tema: “El año que viene la reforma previsional no sale ni de casualidad”.
La carta de intención suscripta por el Gobierno con el FMI anticipa la intención de trabajar para para introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan “financieramente sostenible y más justo”, además de abrir la posibilidad de vender acciones que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para cubrir el pago de jubilaciones.
En este sentido, más allá de que no puedan darse pasos efectivos hacia una reforma previsional integral por la vía parlamentaria, el oficialismo espera avanzar en una “evaluación” del sistema previsional, tomando en cuenta variables como la zona donde vive el beneficiario de una jubilación o pensión y su nivel socioeconómico, variables que se incluyeron en el proyecto de Presupuesto que fue enviado al Congreso.
