La aprobación del Presupuesto 2023 presentado por el oficialismo al Parlamento trae consigo importantes modificaciones en cuanto a la relación con las distribuidoras de energía eléctrica para las que, por un lado, se endurecen las exigencias en relación con la millonaria deuda que sostienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), aunque por otro se les habilita la posibilidad de aumentar sus tarifas al público, como herramienta para poder afrontar el pago de esas mismas deudas.
Por un lado, el artículo 89 del presupuesto enviado al Congreso por el ministro de Economía Sergio Massa plantea un endurecimiento en relación con la deuda millonaria de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), que supera los 530 mil millones de pesos. Desde la cartera de hacienda explicaron: “Se priorizó al Estado y no a las empresas, ya que, desde el 2021, se estaba implementando un sistema perverso que dañaba al propio Estado” (el sistema cuestionado fue diseñado en 2021 durante la gestión de Martín Guzmán), donde se generaba “un mecanismo de habilitación para pagar las deudas que perjudicaba directamente al Estado Nacional”.
Pero al tiempo que busca cobrar la deuda de las distribuidoras (400 mil millones sólo de Edenor y Edesur), el Gobierno les habilitó la posibilidad de pagarla en cuotas durante ocho años mientras avanzan con la aplicación de una serie de aumentos tarifarios para afrontar esos pagos, con lo que finalmente buena parte de la estrategia para saldar el rojo empresarial volvería a recaer sobre los usuarios. Se trata de incrementos que se suman a las recategorizaciones ya aprobadas por la nueva gestión económica.
Al respecto, se establece en el Presupuesto: “Se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires”. Luego se añade que “dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un periodo no mayor a 90 días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones”.
Los planes de ajuste tarifario de las empresas deberán ser aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), según se establece en el Presupuesto 2023 aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados, que próximamente abordará el Senado.
