La posibilidad de un nuevo impuesto para redistribuir riqueza, que se aplicará a la «renta inesperada», reunió de urgencia a la cúpula industrial argentina en la sede central de la UIA. Al cónclave presencial se sumaron dirigentes de todo el país a través de la plataforma Zoom, lo que resultó un encuentro federal en el que coincidieron en un rechazo unánime a la medida.
Lo cierto es que a la hora de comunicar los resultados de la reunión hubo también acuerdo en que el tono fuese moderado, sobre todo convencidos de que el Congreso no dará vía a ésta medida.
Cada uno expuso la problemática nacional y regional que la disposición les significa. En el caso de San Juan, la preocupación estuvo centrada en que puede peligrar la anunciada inversión minera en la provincia. Es decir, “el cambio de reglas puede ser motivo de que se eche atrás ésta posibilidad de que el grupo sueco Lundin que ya cuenta con el aval ambiental para una inversión de US$ 4.100 millones y 3.000 empleos en su provincia”, afirmó el representante puntano.
Lo que intentaron transmitir es la preocupación de una mayor carga impositiva que se suma a una larga nómina impositiva en el país que hoy tiene una larga lista de 165 impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Al reclamo se suma el campo, que insiste en argumentar que el impuesto «es ilegal y recaerá sobre los productores», además de entorpecer las exportaciones, algo que “el mismo gobierno dice querer impulsar”.
El anuncio de un posible tributo nuevo ya se barajaba desde la semana anterior, pero recién decidieron reunirse una vez que el ministro de Economía, Martín Guzmán, lo anunciara oficialmente, al tiempo que confirmó un bono similar al IFE para jubilados, monotributistas de las categorías más bajas y empleados domésticas.
Según aclaró Guzmán, la iniciativa impactará en un grupo que en 2021 representó alrededor de un 3,2% del sector empresarial, con ganancias netas imponibles superiores a los 1.000 millones de pesos.
Por más de dos horas y media se extendió el debate que tiene en “alarma” a los industriales y al campo que finalmente definieron como “un proyecto desconocido”, por lo que la dureza de los conceptos vertidos en la reunión no llegaron con la misma fuerza al comunicado final.
Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) emitieron su propio comunicado donde expresan su “profunda preocupación” por el tributo.
“Si bien la guerra generó un aumento en el precio de ciertos commodities agrícolas, lo hizo también con los costos de producción, más aún en nuestro país. Sumados a la escasez de insumos críticos que han anulado o relativizado beneficios de los productos del agro”, sostienen las entidades agroexportadoras.
Donde fueron más tajantes es en resaltar que siguen las trabas para el acceso a divisas y las dificultades para adquirir insumos clave. También en cuanto al temor a cortes de gas a las industrias en el invierno.
