La Secretaría de Energía convocó a audiencias públicas para actualizar tarifas. Serán los días 10,11 y 12 de mayo para las tarifas de Gas y Electricidad por redes y la correspondiente segmentación de subsidios.
De acuerdo al comunicado oficial, «el nuevo esquema se regirá por el principio de gradualidad». Según se describe, “la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de Gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para aquellos usuarios de Electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio”.
En tanto, el 10% de usuarios residenciales de los Servicios de Gas y de Electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la Energía.
Así, “para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%”. Esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios de Gas del país se ubicará en 21,5% con leves variaciones según las regiones.
Recordemos que el aumento de tarifas es uno de los principales temas que hace crujir Frente de Todos, hoy ya claramente dividido, pero con el tema tarifas sin terminar de definir, por lo que serán días conflictivos puertas adentro en Hacienda con la Secretaría de Energía a su cargo, pues, sus cabezas pertenecen una a cada espacio de la interna.
La actualización para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo, una corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos, representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior.
En tanto, para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre serán inferiores a sus aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de sus ingresos en términos reales, con el objetivo de proteger los ingresos reales y mejorar el aspecto distributivo de la política de subsidios.
