En el marco de uno de los principales compromisos que asumió el Gobierno al llegar al poder (transformar planes sociales en empleo) se trabaja en la creación de “un monotributo productivo”, proyecto que ya se envió al Congreso, pero que será complementada por otra normativa que apunta a multiplicar el crédito bancario y no bancario para la economía popular.
El lanzamiento se acompañará con una modificación del compre estatal para darle mayor nivel de prioridad a asociaciones y cooperativas.
Esto ha sido necesario luego de comprobar que la histórica teoría del derrame no está funcionando desde hace varios años, pues no ha aumentado un solo punto la creación de trabajo formal en el sector privado. Por ese motivo se ha decidido ir directamente a avanzar con los trabajadores “cuentapropistas que trabajan en unidades de la economía popular”.
El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular marca que en esas condiciones hay actualmente unas 3 millones de personas. Pero escalando la producción y expandiendo la actividad podrían llegar a ser 8 millones. A ese universo buscan formalizarlo a través de un monotributo productivo. A diferencia de la herramienta ya existente, el monotributo social, que permite facturar hasta la categoría “A”, este permitiría registrar una mayor cantidad de ingresos, hasta la categoría “C”.
Según la iniciativa parlamentaria, el Estado se haría cargo por un determinado período de tiempo del componente de salud. Esos fondos no se volcarán en este caso a las obras sociales sino que se utilizarían para fortalecer el sistema público de salud y se les daría a los beneficiarios acceso a los programas oficiales como el Remediar. Quienes estuvieran comprendidos dentro de la nueva herramienta también tendrían cubiertos por dos años del componente jubilatorio.
El proyecto de ley también buscará modificar el régimen de compre estatal para darle un mayor grado de prioridad a este tipo de proyectos. “Está claro que con los planes sociales no alcanza y que el sector privado registrado hoy no puede dar solución a toda la demanda de empleo; hacer crecer a la economía popular es la única manera de romper con la pobreza estructural”, advierten desde la cartera de Juan Zabaleta.
Al mismo tiempo, un grupo de funcionarios terminará de pulir la letra final de un proyecto de “Desarrollo de la Economía Popular”. Según detallaron fuentes oficiales, el foco será fortalecer el acceso al crédito. Se apunta a que el 10% de los depósitos bancarios se utilicen para financiar unidades de este tipo aunque el eje central es la creación de un sistema de créditos no bancarios.
Se generaría un fideicomiso que estaría administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En todos los casos la tasa estaría subsidiada y muy por debajo a la que se ofrece actualmente en el mercado, pero no se utilizaría para gasto corriente. Sería destinada a la compra de maquinarias y a incrementar el capital de trabajo.
En la letra de la normativa que llegará en las próximas semanas al parlamento, también se incluye un nuevo régimen que ayudará a facilitar la formalización de las unidades productivas de la economía popular. Se incluiría la figura de asociaciones, que requieren de menor cantidad de integrantes que las cooperativas, y se apuntará a desburocratizar los trámites.
