En la Argentina existen hoy un total de 141 planes y programas sociales para asistir a los 22 millones de ciudadanos que hoy padecen problemas socioeconómicos. Estas ayudas se distribuyen de la siguiente manera: 85 son del Ministerio de Desarrollo Social; 26 del Ministerio de Salud; 13 del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 4 cada uno tienen el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y 3 tiene el Ministerio de Turismo y Deporte; 2 tienen el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y con 1 cada uno figuran el Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Cultura.
Entre los planes más demandados, figuran: Plan Potenciar Trabajo, Programa Argentina Hace, Programa Hogar, Programa Federal Incluir Salud, Programa Jóvenes más y mejor Trabajo, Programa Monotributo Social, Programa Plan Nacional de Primera Infancia, Programa Plan Nacional de Protección Social, Programa Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Becas PROGRESAR, Programa Seguro de capacitación y empleo Programa SUMAR Programa Tarifa social, Subsidio social para medicamentos PAMI.
También está la Tarjeta Alimentar, un millonario aporte de la desaparecida Mesa del Hambre y el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se suma el Plan Alimentos Especiales.
La información y el relevamiento de gran parte de los programas sociales vigentes de la Administración Pública Nacional (APN), clasificados por área ministerial son realizados de manera conjunta por dos organismos públicos: el SIEMPRO (Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales), y el CNCPS (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales), ambos organismos dependientes de la Jefatura de Gabinete a cargo de Santiago Cafiero.
Claro quedó durante la pandemia, el nivel de fragilidad del tejido social argentino, donde 8 millones de personas recibieron durante gran parte del 2020, la Asignación Familiar de Emergencia (IFE), en tiempos de Aislamiento Social Obligatorio.
Si bien ese programa no tuvo continuidad, se consolidó la Asignación Universal por Hijo que reciben otras cuatro millones de madres, asignaciones engrosadas por bonos extras, como se ha hecho también en el caso de las jubilaciones mínimas debido a la aceleración de la inflación de los últimos años.
Para dicha asistencia se estima que por día se destinan más de 800 millones de pesos, sólo en planes sociales, lo que representa unos 288.000 millones anuales. De hecho hubo durante este mes una ampliación presupuestaria de más de 800 mil millones de pesos que contemplan el incremento de ayudas sociales y sanitarias.
El nivel de deterioro que atraviesa la economía argentina, donde más del 45% de la población es pobre hace que esa asistencia se haya multiplicado exponencialmente. La ayuda estatal a personas con problemas socioeconómicos se ha multiplicado por 11, desde ese 2002, durante la crisis donde nacieron los planes sociales, creados como un beneficio para a “jefas y jefes de hogar”, que alcanzaba una dos millones de personas, cuya idea original era que fuesen temporarios, cosa que nunca ocurrió.
Esa herramienta de ayuda se disparó a lo largo de dos décadas y actualmente hay más de 141 planes sociales y ayudas estatales. Los planes se multiplican, y el gobierno sostiene que si no fuera por esas asistencias mensuales, la situación social sería aún más grave.
En temas previsionales, la última política estatal en éste sentido, ha sido permitir el acceso a la jubilación a mujeres que han tenido durante años tareas de cuidado, lo que se permitirá sumar otras casi 200 mil personas en condiciones de acceder a una jubilación. Algo similar a lo que se hizo durante la gestión de Cristina Kirchner, donde se incorporaron al sistema más de tres millones de Jubiladas en carácter de Amas de Casa.
La preocupación se genera una vez más respecto a la necesidad de crecimiento de la plantilla de los trabajadores asalariados que hoy permanece en 8,6 millones y hay expectativas casi nulas de generación de empleo genuino en el corto plazo. A ellos se suman 3,2 millones de monotributistas y cuentapropistas que también contribuyen al sistema.
Es cierto que en el este contexto el sector activo productivo, también tendió a achicarse. En principio, con la recesión que arrastramos desde 2018, durante el Gobierno de Macri, profundizado luego por la pandemia, se perdieron más de 20 mil PyMes desde el 2018 a ésta parte, lo que hace a una recaudación que se reduce mientras las erogaciones se amplían, particularmente y según un informe del instituto IDESA, en el conurbano bonaerense, donde habitan 2 de cada 3 nuevos pobres.
