Este miércoles, desde la CGT rechazaron la propuesta de la Unión Industrial Argentina de no abonar los salarios de trabajadores no vacunados. Jorge Pino Sola, el secretario de prensa de la central obrera, aseveró que es “imponer sanciones en la relación laboral es ilegal”.
A su entender, “castigar en un derecho laboral a alguien que debiera tener compromiso social y colectivo ante el plan de vacunación, no es el camino adecuado. Imponer sanciones es ilegal y no coincide con el camino del convencimiento que se tiene que seguir a los fines de lograr la mayor vacunación posible”, señaló el referente gremial.
Por otra parte, el también secretario gremial del Sindicato del Seguro dijo que “no es a través del ejercicio abusivo de la relación del empleador sobre el empleado que se logra convencer, sino a través del sentido común, el razonamiento, la evidencia científica. Ahí tenemos que poner nuestros mayores esfuerzos para lograr la vacunación masiva de los trabajadores y trabajadoras”, motivo por el que rechazó de plano cualquier sanción que se haga sobre la relación laboral.
Funes de Rioja había planteado, a partir del avance de la inmunización, que las empresas podrán considerar “la eliminación de la dispensa a los trabajadores que decidan no inocularse y, ante la imposibilidad de incorporarlos al ámbito laboral, de no pagarles su salario”.
Esto se da en un contexto donde ya aquel que está con primera dosis puede ser convocado, pero surge el inconveniente con los grupos “antivacunas”. En ese caso, nadie podría obligarlos porque estamos hablando de una vacuna opcional, pero hacia el interior de la UIA sostienen que “nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias” y que de hacerlo “debe cesar la dispensa y la remuneración», cuestión polémica que deberá dirimirse con intervención del Gobierno y acuerdo de los sindicatos.
