Por estas horas, desde el Ministerio de Trabajo se busca determinar un mecanismo consensuado y fehaciente para que los lugares de trabajo sean ámbitos seguros y la totalidad de quienes desempeñen tareas estén inmunizados contra el coronavirus.
Para ellos se trata de establecer un criterio donde haya “beneficios y perjuicios” a modo de estímulo para alcanzar la inmunidad de rebaño que se busca, principalmente en éste momento frente a la amenaza de la variante Delta.
Lo cierto es que no es una cuestión legalmente sencilla si se tiene en cuenta el carácter optativo de la vacuna, dada su aplicación en fase de prueba. Aun así, de todos modos, y conscientes de esas dificultades, se busca la forma de inocular a toda la población en condiciones de recibir las dosis.
Por eso, también está involucrado el Ministerio de Salud, a través del que su ministra, Carla Vizzotti prefirió hablar de beneficios posibles para vacunados -más allá del beneficio propio y colectivo que ya otorga la vacuna en sí- sino de otros adicionales que puedan contribuir a la suma de voluntades.
El mecanismo no es más que el que practican otros países donde los movimientos anti vacunas son más potentes aún que en el nuestro. Sucede que ya es tiempo, con el avance del plan de vacunación de retomar la presencialidad en sus respectivos empleos, cuestión que se dificulta en lo personal y también en lo colectivo, si un porcentaje se resiste a participar del plan nacional establecido.
A un año y medio del inicio de la cuarentena en nuestro país, ya se plantea la obligatoriedad de la vuelta a las dependencias de trabajo. También los docentes deberán reincorporarse a las aulas, cualquiera haya sido su decisión. Pero no resulta suficiente y el mecanismo se establecerá de común acuerdo entre las provincias, cámaras patronales y representaciones sindicales en un foro creado a tal efecto.
Las respuestas surgidas desde el mismo seno del Gobierno apuntan a que la norma dependerá de un debate federal y con todos los actores involucrados dependientes de los ministros de las carteras laborales de todas las provincias bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo nacional que comanda, Claudio Moroni.
Por ahora la demanda de gente interesada en vacunarse es muy grande, lo que hace que no exista ese “cuello de botella” al que se podría llegar en ésta cuestión. Pero a sabiendas de que tarde o temprano ocurrirá se tratan de establecer pautas que favorezcan la inoculación colectiva y eviten roces con los empleadores sea el Estado o sean privados.
