El ex titular de la AGP del gobierno de Mauricio Macri, Gonzalo Mórtola, fue llamado a indagatoria por el juzgado federal número 8, a cargo del juez, Macelo Martínez de Georgi, en una causa por defraudación a la administración pública en el marco de la renovación de la concesión de las terminales portuarias.
De hecho el ex funcionario de la gestión macrista será citado a indagatoria por defraudación, ya que durante su paso por la administración del puerto de Buenos Aires contrató en forma directa a una empresa por casi 800 mil dólares, cuando la ley impide hacerlo por ese monto a través de esa modalidad.
Desde el sindicato de Guincheros impulsan también la denuncia por «irregularidades» cometidas durante la gestión de Mórtola, quien habría contratado en forma directa a la empresa INDRA para hacer una auditoría en puertos, cuando «siquiera presenta antecedentes en hacer ese tipo de trabajos».
Mórtola administró el puerto hasta 2019 y la causa que originó la investigación, más la medida del magistrado, están fundada en la resolución 129/2016 por la cual Mórtola contrató a la empresa española INDRA para la «estructuración, promoción y concurso de las terminales de contenedores del Puerto Buenos Aires».
Fue una contratación directa a esta empresa incumpliendo todos los procedimientos administrativos por US$ 772.483 que finalmente -sumado a otros conceptos- terminó pagando más de u$s 900 mil. Al momento de la contratación, el monto máximo para hacerlo sin licitación (es decir, para justificar una contratación directa) era de 1,5 millones de pesos, por debajo del monto pagado.
Además, la empresa contratada no tenía experiencia en consultoría portuaria y de hecho, la propia gestión de Mórtola le indicó a qué profesionales contratar. La Administración de Puertos también convocó a asesores especiales para ese contrato, ambos provenientes de la gestión privada, sin experiencia en gestión portuaria.
Más allá del gasto, cercano a un millón de dólares, la licitación la terminaron armando los técnicos de AGP; licitación que finalmente se terminó dando de baja con la llegada de Alberto Fernández al poder. Escándalo que se investiga desde entonces por implicar una concesión de 50 años y generar millonarios negocios inmobiliarios, así como el traspaso del Puerto Buenos Aires a la órbita porteña.
En este sentido, el funcionario se suma a la larga lista de imputados por irregularidades en contrataciones y licitaciones dependientes del Ministerio de Transporte que conducía en dicha gestión, Guillermo Dietrich, como es el caso de Javier Iguacel, ex director de Vialidad quien aún permanece investigado por irregularidades en la vinculación con empresas y contratos por obras viales y peajes.
