La Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, realizó 25.000 fiscalizaciones en todo el país en el control de precios y abastecimiento, aceleró los plazos administrativos para la efectivización de sanciones a empresas infractoras a los precios máximos y a la Ley de Defensa del Consumidor e impuso multas por más de $47 millones.
Las 25.000 fiscalizaciones se realizaron en todo el país mediante los cuerpos de inspectores de Comercio Interior, de AFIP, del Ministerio de Medio Ambiente, y de las provincias y los municipios. Como resultado de las mismas se labraron 6.300 actas y se clausuraron preventivamente unos 530 comercios por incumplimientos en precios y abastecimiento en todo el territorio nacional.
Ante la emergencia sanitaria, debido a la pandemia por Covid 19 en marzo de este año, la Secretaría de Comercio intensificó los controles en precios y abastecimiento en toda la cadena de comercialización, distribución y producción de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza que se encuentran abarcados por los precios máximos (resolución 100/2020).
La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) aceleró los plazos administrativos para la efectivización de más de 200 multas a empresas que en un 54% infraccionaron la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y 46% incumplieron con los precios máximos. Las multas van desde los $6.000 a los $2.500.000 y totalizaron un monto de $47.830.200.
Además, desde el inicio de las medidas de ASPO y DISPO, la SSADC llevó adelante 85 expedientes de oficio a distintas empresas por incumplimientos en los plazos de entrega de distintos productos – electrodomésticos, colchones, etc – por no brindar información clara, precisa y veraz – por ejemplo en contratos de adhesión en las páginas web, etc. – o por no cumplir con en el servicio – como empresas de telecomunicaciones-. entre otros casos.
La SSADC realiza estas imputaciones a partir de los reclamos de los consumidores que en lo que va de 2020 se incrementaron 173% respecto a 2019. Tras el análisis de las denuncias y al identificar la operatoria sistemática de las empresas que lesionan los derechos de un conjunto de consumidores, se procede a la actuación de oficio y luego al proceso administrativo para aplicar las sanciones correspondientes a las empresas infractoras mediante las multas que deben abonar.
