Esta semana el intendente platense Julio Garro elevó al Consejo Deliberante un proyecto para crear un ‘Banco de Tierras Fiscales’, con el objetivo de promover, administrar y planificar esos espacios para distintos sectores sociales de la Ciudad. Esta incorporación de tierras al patrimonio municipal apuntaría sobre todo a construir una reserva de tierras públicas que puedan ser destinadas a lotes sociales, con infraestructura, equipamiento y localización según el Plan Estratégico 2030.
En principio se trataría de unos 9 mil lotes con servicio los que se incorporarían bajo esta ordenanza, un 15% de los cuales quedaría a disposición del municipio para alojar a familias de bajos recursos o venderlos a precios accesibles para que empleados municipales puedan acceder a lotes con servicios.
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La Secretaria de Planeamiento Urbano de la Comuna, María Botta, explicó: “Es un proyecto muy importante en lo que se refiere a política habitacional, teniendo en cuenta que pretende generar lotes con servicios públicos promovidos por el estado municipal, en el marco del plan estratégico 2030 y la Ley de Hábitat 14.449”. Y añadió: “El Acceso universal a la tierra es uno de los lineamientos estratégicos que argumentan el proyecto, haciendo foco en la vivienda, la infraestructura básica, los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción, en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad y de la preservación del ambiente”.
El Banco de Tierras Fiscales se encargaría de gestionar las tierras de dominio municipal y controlar su estado de ocupación, además de formular las políticas públicas, normas y procedimientos respecto de la utilización y disposición de las mismas, modificando y adecuando a los objetivos de la ordenanza las normas necesarias. El organismo también intervendría en la adquisición o enajenación de las tierras municipales, la asignación o transferencia de su uso, la afectación o desafectación de las mismas, su disposición para constituir emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social, las expropiaciones con fines sociales y la fiscalización y control de aquellas asignadas al uso de organismos y entidades del Sector Público.
“Elaboramos el proyecto en base a un diagnóstico urbano-social que refleja una falta de tierras urbanas, la imposibilidad del acceso por parte de muchas familias; el desequilibrio en la relación oferta y demanda, el déficit habitacional y la limitada oferta de suelo urbano formal para sectores bajos y medios, lo cual fomenta la proliferación de asentamientos en zonas de baja calidad ambiental y con deficiencias en los accesos a los servicios básicos”, concluyó Botta.
