El despliegue de bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la provincia de Buenos Aires durante la gestión nacional de Mauricio Macri, en el marco del llamado Proyecto AMBA, implicó una serie de operaciones de espionaje ilegal sobre 32 organizaciones sociales, 23 sindicatos y 16 partidos políticos. Las acciones de inteligencia ilegal de la AFI no se limitaron a la provincia de Buenos Aires, aunque tuvieron su epicentro allí, incluyendo operativos sobre otros gremios nacionales. El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla ya procesó al responsable de la iniciativa, Pablo Pinamonti, y citó a declarar los ex titulares de la agencia de inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Entre los gremios espiados se cuentan el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), integrantes del combativo Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que llevó adelante innumerables protestas salariales contra la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. También fueron víctima del espionaje otras agrupaciones gremiales docentes como Tribuna Docente y Docentes en Marcha.
Pablo Moyano testificó en la causa por espionaje ilegal y pidió la prisión de Macri
Pero las operaciones de inteligencia legal también se extendieron a gremios nacionales como la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación de Mendoza (SUTE). Desde este último gremio, emitieron un duro comunicado repudiando “el gravísimo hecho de espionaje ilegal” contra una la secretaria de Acción Social del gremio, Laura Espeche, también militante del PTS. “Este accionar constituye un grave hecho de persecución política a dirigentes sindicales que vulnera los derechos democráticos”, añaden.
El sindicato de Camioneros también fue víctima de numerosas operaciones, siendo que sus dirigentes Pablo y Hugo Moyano fueron permanentemente acosados por denuncias y aprietes políticos, judiciales y mediáticos durante el macrismo. También se encontraron registros sobre seguimientos a dirigentes de las CTA y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), incluyendo a Hugo Yasky, Pablo Michelli, Hugo “Cachorro” Godoy y Oscar de Isasi, entre otros.
Las investigaciones sobre el espionaje ilegal M profundizan la grieta en el periodismo
La mayoría de los gremios aeronáuticos, que durante el Gobierno de Cambiemos llevaron adelante un duro combate contra sus políticas aeronáuticas, también fueron espiados: Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Unión de Personal de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA). Lo mismo que el Comité de Solidaridad con los Trabajadores Tercerizados de Aerolíneas Argentinas.
También fue espiada la Asociación del Personal Legislativo (APL), liderada por Norberto Di Próspero, la Unión de Trabajadores Industriales del Calzado y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), gremios que llegaron a ser víctimas de amenazas directas del propio ex presidente Mauricio Macri. Otras agrupaciones y colectivos combativos de trabajadores de distintas empresas también fueron espiadas, incluyendo organizaciones de Plásticos Mascardi, Expreso Lomas y Cresta Roja, varias de cuyas movilizaciones fueron duramente reprimidas. La intervención de la AFI también encontró pruebas de espionaje contra cientos de políticos, académicos y periodistas, lo que fue denunciado por los gremios de prensa, particularmente el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). También la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) fue sistemáticamente espiada, entre otros numerosos movimientos sociales, partidos políticos y hasta centros culturales, cooperativas y ONGs.
