Este jueves el Senado de la Nación dejó sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia 1053 firmado en 2018 por Mauricio Macri con el objetivo de compensar a las distribuidoras de gas por la presunta pérdida de casi 400 millones de dólares causada por la fuerte devaluación de ese año.
La votación se produjo sobre el final de la sesión de la Cámara alta donde se aprobó la ley de donación de plasma y las recetas electrónicas, en medio de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición sobre la revisión de los DNU del gobierno de Cambiemos.
A fines de 2017 el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren convocó a productores, distribuidoras y transportistas de gas para establecer nuevas bases y condiciones para la comercialización del gas, instancia en la que se fijaron precios para cada una las cuencas y volúmenes específicos por dos años, con la novedad absoluta de que los contratos se firmaron con un tipo de cambio variable en dólares. Esta misma semana el funcionario fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público por esta decisión.
Tras la denuncia del Enargas, Aranguren fue procesado por la dolarización de las tarifas
Menos de un año después la fuerte devaluación del peso llevó a que las deudas de las distribuidoras con las productoras de gas se disparara, ya que mientras las primeras cobraban sus facturas en pesos debían abonar su principal insumo en dólares. Entonces el sucesor de Aranguren, Javier Iguacel, aprobó un sistema de 24 cuotas para que esa deuda millonaria fuera incluida en las facturas y absorbida por los usuarios, resolución que generó un repudio generalizado hasta ser derogada.
Ante esta situación, Macri firmó el DNU 1053, que en su artículo 6 fijaba un mecanismo para que sea el Estado el que asuma esa deuda entre privados, estableciendo una compensación de USD 393 millones en 30 cuotas mensuales. La primera cuota, por 818 millones de pesos, se pagó en diciembre de 2019 y quedan pendientes otras 29, por un total de $23.654 millones, sin contar intereses, que ahora se desconocerían con la anulación del decreto.
