Desde la Red Nacional de Multisectoriales de la República Argentina (RNM) expresaron públicamente su apoyo al accionar del interventor del Enargas Federico Bernal, quien la semana pasada denunció penalmente a Juan José Aranguren, ex titular del Ministerio de Energía y Minería (MINEM); a Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del MINEM y al ex Directorio del Ente por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública (según los artículos 248 y 265 del Código Penal).
Luego de presentar la denuncia Bernal sostuvo que “Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación ‘contractual’, con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, algo inédito en la historia de la comercialización del gas. Esta denuncia me corresponde no solo como funcionario público en ejercicio y en razón del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, sino también por las obligaciones que surgen del Decreto 278/20 dictado por el Presidente Alberto Fernández conforme la Ley 27.541”.
El Enargás cuestionó la dolarización del gas y denunció penalmente a Aranguren
Para la RNM la denuncia presentada “pone al descubierto cómo las empresas, con la complicidad de Aranguren, aumentaron artificialmente el precio del gas en dólares para luego, no satisfechos con esto, con la gestión de Iguacel y Lopetegui, devaluación mediante, reclamar una diferencia cambiaria por la devaluación del peso frente al dólar y pedir un subsidio de $24.524.000 que debemos pagar no sólo los usuarios de gas sino los argentinos en su totalidad, aún aquellos que ni siquiera tienen servicio”.
Por esto solicitan la suspensión o derogación del Artículo 7 del decreto 1053/18, que implica la asunción por parte del Estado del pago de las diferencias diarias acumulada mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1° de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019 “generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”.
Así, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado nacional “asumió la deuda privada de las empresas distribuidoras con las empresas productoras derivadas del monto del contrato en dólares -a tipo de cambio variable- y en lugar de cuestionar o rechazar el precio pactado por las empresas en dólares y por dos años -en contra de lo establecido por la ley 24.076- decidió asumir esa deuda de las distribuidoras a los proveedores en el Presupuesto Nacional”.
Esta decisión generó un perjuicio económico que asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 obedecen al perjuicio contra el fisco mientras que 168 millones son contra los usuarios del servicio público de gas por redes. Por eso desde la RNM proponen que esa cifra “sirva para compensar a todos aquellos usuarios que tengan deudas en los servicios públicos energéticos antes y durante esta pandemia del Covid-19 que nos afecta”.
