En medio de la pandemia del coronavirus, las trabajadoras y los trabajadores del sector tabacalero mostraron su «preocupación» por el freno a la actividad industrial de fabricación de cigarrillos como consecuencia de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dictadas por el Gobierno.
Desde el Sindicato único de Empleados del Tabaco (SUETRA), que conduce Raúl Quiñones, y la Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina (FTTRA), que lidera Juan Martini, valoran el cuidado de la salud de «los más de 10.000 trabajadores que representamos y de la sociedad argentina en su conjunto. Sin embargo, es nuestra obligación visibilizar la permanencia del freno de nuestra actividad, más aún cuando hemos trabajado las dos organizaciones sindicales y las empresas en un protocolo sanitario que nos permita reanudar las actividades de manera segura en las plantas de fabricación de cigarrillos».
A su vez, el gremio dio detalles de este protocolo sanitario para encarar nuevamente la actividad, con «dotaciones mínimas y turnos de trabajo que eviten las aglomeraciones, traslado privado a los lugares de trabajo y el respeto de estrictas prácticas y protocolos de seguridad e higiene».
«Queremos destacar que para que la industria de cigarrillos vuelva a producir se requiere movilizar al mínimo de la dotación, en las condiciones de salubridad anteriormente expuestas», añadieron. En este marco, reclamaron «la reapertura de las fábricas ya que las empresas para hacer frente al desabastecimiento decidieron importar cigarrillos desde otras plantas de la región, por ejemplo, de Brasil y Chile, con el peligro que esto genera a las fuentes de trabajo de la actividad que representamos».
Desde la CGT La Matanza alientan la producción local porque «la situación es muy díficil»
Por eso, los dirigentes gremiales piden cuidar las actividades generadoras de mano de obra «y dinamizadoras de la economía de la Nación» no sean reemplazadas «por bienes traídos del extranjero». Y subrayan que «el ingreso de cigarrillos de los mencionados país -sumando a Paraguay en el caso de los productos de contrabando, otra actividad
en crecimiento durante la cuarentena y de público conocimiento- significa un riesgo sanitario, dado que
en dichas jurisdicciones hay una alta circulación del virus COVID 19».
Las obras sociales también son consideradas por los trabajadores porque «el freno a la actividad de la industria también amenaza los fondos» de las mismas: «Cada día en que no salen cigarrillos de las plantas de producción al canal comercial, el Estado deja de percibir 700 millones de pesos de impuestos. Por su parte, las obras sociales ven lesionados seriamente sus ingresos, en momentos en que el sistema debe estar fortalecido para enfrentar las necesidades de nuestros afiliados».
«Entendiendo las necesidades de nuestro país en este difícil contexto y confiando en la oportunidad de
reanudar nuestras actividades de manera segura para nosotros y nuestras familias después de haber
trabajado en conjunto la industria toda para lograr a reapertura de las fábricas, solicitamos a las
autoridades nacionales que atiendan nuestra situación para buscar una pronta solución», concluyeron.
