En medio de la parálisis provocada por la pandemia de coronavirus, que agravó la situación de un sector que ya venía en declive, las automotrices y el gremio de mecánicos SMATA negocian rebajas salariales sobre el sueldo bruto de abril para operarios de planta. Además, muchos empleados del sector ya están denunciando que no cobraron la totalidad de marzo.
De hecho, el referente de SMATA, Ricardo Pignanelli, estimó que los salarios de los trabajadores del sector podrían sufrir una reducción del 10% promedio en sueldos netos o de bolsillo, a partir de abril y no dio certezas con respecto a los meses venideros.
La Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), que enrola a terminales que operan en la Argentina, argumentan que en esta situación es difícil afrontar haberes y no descartan despidos. Incluso fuentes empresariales ubican el recorte salarial más cerca del 75% para abril, y con perspectivas de incrementarse si el aislamiento obligatorio continúa en mayo. Pero prometen diálogo con el sindicato.
En este marco, Pignanelli explicó que, por lo general, cuando el sector pacta licenciamientos, lo hace «con un 70% u 80% del sueldo bruto, por lo que la caída puede ser de un 10% del salario neto (de bolsillo)». El sindicalista dijo que hasta el momento el Gobierno exceptuó de la cuarentena a los talleres mecánicos.
Conflicto en Grupo Jack: Empleados denuncian recortes salariales
No obstante, el dirigente aclaró que para la actividad todo dependerá de cuándo se levante la cuarentena. «Los sueldos de marzo se arreglaron casi en un 90%, de acuerdo al decreto presidencial. Lo que tenemos que hacer esta semana es tratar de arreglar los de abril. Calculamos que vamos a tener que comenzar a conversar», apuntó.
También estimó que eso «cubre la economía de la gente. Eso es lo que tenemos que intentar hacer», y señaló que al menos hasta el momento no se han registrado despidos. Sin embargo lo sucedido en el Grupo Jack es paradigmático: no pagaron la totalidad de los sueldos en marzo, ni se tiene certeza aún del abono total, y presionan para que sus empleados administrativos concurran a las oficinas con permisos «irregulares», ya que por el decreto no deberían abandonar sus hogares.
