Con indicios concretos de que los despidos serán un hecho si no se los frena a tiempo, la CGT está muy atenta a la batería de medidas que ha lanzado el gobierno y a los baches que pueden quedar en materia laboral por donde intenten colarse los ceses laborales, las suspensiones y los recortes. Con ese tema, como el principal tema de la agenda, la mesa chica de la central obrera almorzará este viernes con el presidente Alberto Fernández.
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por los despidos en Techint y prohibió suspensiones y despidos por 60 días. Pero el temor a la pérdida de empleo no logra disiparse, particularmente porque siguen apareciendo firmas que anticipan importantes recortes salariales y en algunos casos, también despidos, más allá del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia.
La ampliación que hizo este mismo 3 de abril el Ejecutivo de nuevas actividades que se suman a «trabajar» durante la cuarentena», hace pensar que por momentos la emergencia económica comienza a imponerse, y que la confianza del Gobierno en un blindaje a las presiones empresarias pudo ser un atisbo romántico pero no del todo realista.
Parte de la preocupación del sector sindical existe también porque hay algunas actividades que no están alcanzadas por el rescate estatal ni por las tareas esenciales como es el caso de los estacioneros. Es un dato de la realidad, que las estaciones de servicio están abiertas para prestar servicio a todos aquellos que tienen que circular obligatoriamente para cumplir con sus funciones pero lo cierto es que el 90% de las ventas se cayeron producto de la cuarentena.
«No podemos permitir despidos ni suspensiones” dijeron en la Central Obrera y lo expresaron tan apresuradamente hace algunos días a través de la cuenta de Twitter de Héctor Daer, que no alcanzaron siquiera a membretearlo como un comunicado oficial que lo pidiera en nombre de toda la confederación, donde pidieron la anulación de dos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que habilitan los despidos por “fuerza mayor”.
Los sindicatos esperaban poder recuperar fuerzas, vapuleados durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri, maltrato que se profundizó en el último período de la gestión donde la economía y los despidos ya estaban a la orden del día. Donde los salarios se veían devaluados en casi un 30% ciento al mismo tiempo que sus obras sociales sindicales se asfixiaban producto del aumento de costos de funcionamiento y de la creciente deuda que el Estado mantenía con esas organizaciones.
El almuerzo con el presidente, de algún modo calma las «ansiedades», luego de los elogios que vertiera Fernández a Hugo Moyano, el líder camionero con el que visitó el sanatorio Antártida, del gremio, uno de los búnkeres sanitarios hoy preparados masivamente para cuando el pico de la pandemia se concrete.
También allí analizará cómo será el funcionamiento de las obras sociales sindicales mientras dure la emergencia sanitaria y de qué modo se dispondrán los recursos al servicio del Estado, en un nuevo replanteo, luego de la marcha atrás con el decreto en el que pensaba Ginés Gonzalez García, que unificaría el sistema de salud público y privado en uno solo.
En fin, lejos del tiempo que imaginaba el sindicalismo, de la revindicación política, que comenzaba a darse, a tres meses de la llegada a la gestión de Alberto Fernández, el Tsunami del Coronavirus, alejó esas ilusiones de todo el arco gremial, y tendrán que pelear a capa y espada por permanecer en un lugar protagónico y sentir el reconocimiento social que en algún momento habían perdido, pero poniendo el hombro, con los bolsillos vacíos y los datos de desempleo y pobreza por las nubes.
