En pleno cese de comercialización de productos agropecuarios, medida de fuerza dispuesta por la Mesa de Enlace, un grupo de “agropiqueteros” detuvo camiones para revisar si transportaban granos. El hecho sucedió este lunes en las afueras de Altos Fierro, provincia de Córdoba, donde un grupo de ruralistas mantiene la vigilia a la vera de la ruta.
Los ruralistas inspeccionan a los transportistas buscando garantizar un cese de comercialización de granos que no estaría teniendo el nivel de participación deseado por los impulsores de la medida, lo que ha generado divisiones de lo que en 2008, contra la Resolución 125, aparecía como “el campo”. De hecho, este lunes el puerto cerealero de Rosario operó con total normalidad y el Mercado de Hacienda de Liniers registró un ingreso récord de ganado.
Estos “controles de carga” se inscriben en una práctica ilegal, con una detención y allanamiento que se inscriben como delitos, aunque por el momento la Policía Caminera deja actuar sin intervenir. El dirigente camionero Pablo Moyano había advertido: “Que hagan sus medidas pero que no jodan a los afiliados a Camioneros porque tenemos el triste recuerdo del 2008, cuando cortaban rutas y los afiliados nuestros pasaban angustia porque no podían llevar guita a sus hogares”.
El dirigente camionero reconoció las diferencias con la lucha contra la 125: «No creo que sea la misma situación que en el 2008. Antes había una intención del campo de voltear al gobierno de Cristina». Pero también denunció que a apenas tres meses de gobierno de Alberto Fernández el sector agropecuario ya haya impulsado una medida de fuerza, lo que marca que «hay una intencionalidad política fuerte y el tractor está direccionado por el macrismo». «Es una medida contra el pueblo», remarcó.
También un sector de pequeños productores se despegó del lockout de la Mesa de Enlace: “Nosotros los productores chicos estamos a favor de las retenciones escalonadas. La gran realidad del campo argentino está dada por los pequeños y medianos productores; este aumento del 3% no nos afecta. Esta es una medida de los grandes productores de soja”. Según el proyecto del Gobierno, sólo los productores de soja con más de 1.000 hectáreas tendrán que pagar un 3% adicional, mientras que productores de menor escala, o bien pagaran la misma alícuota, o bien recibirán una compensación. También hay bajas en los derechos de exportación para otros cultivos, así como para la carne y la pesca.