Gremios y movimientos sociales de Uruguay nucleados en FANCAP se pronunciaron totalmente en contra sobre el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración que presentó el presidente electo, Luis Lacalle Pou. Una iniciativa a la que definen como el “núcleo duro del proyecto político neoliberal”.
“Queda demostrado que estamos transitando una agudización de la lucha de clases, donde la derecha ha ganado una batalla electoral y política muy importante que le permite avanzar con su proyecto, e incluso profundizar la batalla cultural que también está ganando”, reconoce el gremio de ANCAP.
Remarcan que la Ley de Urgencia del futuro gobierno “refuerza el rol punitivo del Estado, propone penas más duras para la delincuencia sin ofrecer soluciones de fondo que aborden el desafío de mejorar la convivencia ciudadana asociada a la seguridad”.
Y determinaron que “genera la lógica del gatillo fácil en la policía, desconociendo diversas experiencias fallidas en este sentido, como por ejemplo en Río de Janeiro, donde la militarización de las calles ha producido mayor inseguridad y han aumentado en forma considerables los asesinatos por parte del aparato represivo del Estado”.
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Consideran que la pretendida Ley cimienta reformas estructurales, “viejas recetas neoliberales como la reforma laboral y de la seguridad social, privatizaciones, recortes de derechos sindicales, reforma de la educación, acumulación de medios de comunicación, instrumentos de evasión fiscal y lavado de activos”.
En referencia a las propuestas sobre educación, el anteproyecto de Ley plantea “sentar las bases de un profundo cambio ideológico, elimina la participación social en los organismos desconcentrados como Secundaria, Primaria y UTU, único espacio donde los colectivos docentes tienen para incidir en el futuro de la enseñanza”.
Por otro lado, FANCAP asegura que en un recetario superador del ‘Consenso de Washington’, no podían faltar las privatizaciones de los entes autónomos, transformando y fortaleciendo viejas herramientas como la URSEA (a la cual se le da amplias potestades para cumplir definitivamente con el rol para lo cual fue creada), “es decir, privatizar áreas estratégicas del Estado, creando sociedades comerciales reguladas por la normativa de las sociedades anónimas”.
