Este lunes el ministro de Trabajo, Claudio Moroni encabezó una mesa de diálogo con empresas y gremios del sector petrolero para evaluar el escenario de Vaca Muerta, después de que en los últimos meses se produjeran más de 600 despidos. Las petroleras argumentan que la causa principal para la reducción de personal fue el congelamiento de los combustibles establecido por decreto por el gobierno de Mauricio Macri después de la debacle electoral de las PASO de agosto pasado. Si bien hubo avances, no se llegó a un acuerdo definitivo y este miércoles habrá una nueva reunión.
Participaron del encuentro, además de Moroni, el secretario de Trabajo Marcelo Bellotti, el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa Guillermo Pereyra y sus pares Ricardo Astrada y Tamara Pérez Balda (Sindicato de Petróleo de Chubut) y Manuel Arévalo (Sindicato del Personal Jerárquico). En representación del sector empresario estuvieron Claudio Urcera, Edgardo Phielipp y Gonzalo Echegaray (Federación de Cámaras de las pequeñas y medianas empresas), Marcelo Adelco (YPF), Rodrigo Ramaccioti (Pan American Energy), José Bejar (Tecpetrol), Federico Ozarán (Pluspetrol) y Walter Fernández (Total Austral), entre otros.
Petroleros en alerta por suspensiones y congelamiento de salarios
Después de la reunión Pereyra detalló: “Los 600 despidos producidos en la industria fueron decididos por el gobierno de Mauricio Macri. Ahora es preciso hallar soluciones entre las administraciones nacional y neuquina, las empresas y los sindicatos, en el contexto de la conciliación obligatoria vigente hasta el próximo martes 28”. El gremialista anticipó que el sindicato exigirá un aumento del 9% apenas terminado el plazo de la conciliación.
Según Moroni, el objetivo de la reunión de este miércoles será llegar a “las necesarias soluciones a los efectos generados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 566/19, que puso en riesgo más de 600 puestos de trabajo en la actividad” (en referencia al decreto presidencial que congeló el precio de los combustibles). En este sentido, planteó la necesidad de acordar “mecanismos que impidan el desarme de equipos especializados” y la preservación de las fuentes de empleo.
El problema más inmediato que enfrentan Gobierno y gremios pasa por que las más de 1200 suspensiones definidas por las petroleras no se transformen en desvinculaciones. Al respecto, Pereyra anticipó que “no habrá paz social con trabajadores en la calle”. Las organizaciones gremiales petroleras llevarán adelante una asamblea este jueves para evaluar la situación y las eventuales propuestas de las petroleras para evitar nuevas medidas de fuerza.
