El presidente Mauricio Macri firmó un decreto para que los directores generales de las distintas áreas del Estado pemanezcan en sus cargos durante cinco años. Si el nuevo Gobierno pretende removerlos deberá abonarles una indemnización equivalente al tiempo que falta para completar ese período. ATE Capital y abogados del Estado cuestionaron una decisión tomada a dos semanas del fin de mandato, que busca perpetuar funcionarios designados por el macrismo en el nuevo gobierno de Alberto Fernández.
El decreto 788/19 también lleva las firmas del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Trabajo y Producción Dante Sica. El texto argumenta a favor de la defensa de la estabilidad laboral de los trabajadores estatales, a poco más de diez días del fin de una gestión que comenzó hablando de ñoquis estatales y de “grasa militante” para promover miles de despidos de trabajadores de todas las áreas y niveles del organigrama estatal.
El “Régimen de Alta Dirección Pública” incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. En el marco del nuevo decreto, si un director general del rango menor que hubiera ingresado al Estado este año fuera a ser removido podría reclamar una indemnización de hasta diez millones de pesos. Desde el Gobierno negaron que el esquema apunte a la perpetuación de sus funcionarios y argumentaron que apunta a “un sistema de concursos más transparente”.
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La medida fue cuestionada por ATE pero avalada por UPCN, que descartó que el decreto implique un amparo a funcionarios macristas. Aunque en esta ocasión los argumentos del gremio encabezado por Andrés Rodríguez apuntan a la defensa de la estabilidad laboral, lo cierto es que fue uno de los sindicatos más amigables con el gobierno de Cambiemos, respetando siempre los techos salariales fijados por el oficialismo y firmando paritarias para los estatales que se ubicaron entre las más bajas de todos los sectores, muy por debajo de la evolución inflacionaria.
Luciano Fernández, secretario gremial de ATE Capital, denunció que “a catorce días de terminar su mandato, Mauricio Macri continúa su tarea de condicionar y dejar un campo minado a Alberto Fernández”. Y agregó: “Desde el 1 de enero de 2020 se aplica un aumento salarial considerable a los más altos cargos de la Administración Pública Nacional, que incluso impactarán sobre los salarios de ministros y el presidente”. “Lo que planteamos es que hay un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando”, remarcó el gremialista.
Fernández consideró que el nuevo decreto “establece una prioridad que no es la nuestra: planteamos que hay un problemas con los ingresos de las categorías más bajas y la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras que sobrevivieron a la ola de despidos del macrismo. Ahora quieren aplicarle a los cargos jerárquicos que ocuparon ellos todos los derechos que le negaron a los estatales durante estos años”. Y concluyó: “Lo que venimos planteando es que el salario, depredado por las políticas de Macri, tiene que ser recompuesto, pero comenzando por los estratos más bajos”.
Desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) se denunció que el régimen de ingreso dispuesto por el decreto de Macri para cargos jerárquicos comprende “exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente”.
El secretario General de la entidad, Rubén Ramos, consideró que el decreto constituye “un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza”. “Para entender mejor de qué se trata, resulta útil contextualizar lo descripto: el acuerdo fue firmado poco antes de las elecciones del 27 de octubre, mientras que su homologación se produce a dos semanas de la asunción de las nuevas autoridades de Gobierno”, detalló.
